¿Condonación del CAE?: Deuda ilegítima y repactación
Una de las promesas fundamentales del Presidente Gabriel Boric en su proyecto de gobernanza fue la condonación universal de las deudas educativas. Dentro de su programa en el primer punto de la dimensión educación superior inclusiva y de futuro se encuentra lo siguiente: "Proponemos la condonación universal de las deudas educativas a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas". El Gobierno, ya en su segundo tiempo de mandato y con el apoyo del Socialismo Democrático, presentó el proyecto de ley que "condona" las deudas estudiantiles en la educación superior. La "ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior" no contempla la condonación total de las deudas estudiantiles, solo organiza su repactación.
El proyecto estrella del gobierno del Frente Amplio no es una condonación universal, ni siquiera se acerca a lo que se define por condonación universal que es la liberación de las obligaciones económicas por parte de los hogares endeudados. Lo que propone el Gobierno es una repactación de las deudas estudiantiles, similar al proceso que hacen los bancos cuando el valor de las cuotas de los créditos excede la capacidad del pago de la persona morosa. El Ejecutivo propone una disminución parcial de la deuda en función de distintos perfiles. El proyecto contempla si el estudiante egresó o no de la carrea que adeuda, si está al día o no con el pago y el número de cuotas pagadas respecto al plazo de este. Además, el Gobierno propone que las y los estudiantes se categoricen según perfiles: Estudiante que egresó y está al día con las cuotas, estudiante que egresó y se encuentra en mora, estudiante que no egresó y se encuentra al día y, por último, estudiante moroso que no egresó de la carrera que adeuda. Para cada uno de los casos se propone una condonación parcial.
El segmento más castigado es el de estudiantes morosos, sin contemplar las razones del porqué hay personas que no logran insertarse al campo laboral en condiciones dignas, lo que hace imposible pagar las deudas que arrastran desde los 18 años. Con esta propuesta, son muy pocos los casos en los que la deuda queda totalmente condonada, sumado a que es un modelo regresivo especialmente para quienes presentan mora, que son la mayoría de los estudiantes que estudiaron con CAE.
Pero más allá de la crítica a los guarismos que propone el Gobierno en su proyecto de ley, es fundamental avanzar en la discusión de fondo: La ilegitimidad de origen que tienen las deudas estudiantiles. El origen de las deudas estudiantiles es ilegítimo, ya que sirvió desde un inicio a intereses privados en desmedro del interés público y los derechos sociales. Además, es una deuda que está completamente desalineada con los ingresos y salarios de los hogares en Chile por el alto costo de la educación superior.
La deuda estudiantil es ilegítima porque es una expropiación financiera que ha profundizado la desigualdad en el país. Han sido los acreedores los que se han beneficiado de las expectativas y esperanzas de quienes ingresan a la educación superior sin contar con los recursos suficientes para pagar las mensualidades elevadas de las instituciones de educación superior. Esta expropiación se ha basado en beneficios para los bancos a partir de la expropiación de los ingresos reales de los hogares presentes y futuros. El modelo de mercantilización de los derechos sociales, sumado al bajo valor del trabajo expresado en salarios paupérrimos, evidencia una relación de expropiación. El Estado, como subsidiador del capital, ha privilegiado una estructura de endeudamiento en los hogares por sobre garantizar derechos sociales.
Esta expropiación financiera se construyó a partir de la ilusión de movilidad social individual vía acceso a la educación superior. La educación superior prometía ser un mecanismo de ascenso social efectivo, pero en un modelo como el chileno, en el cual la propia matriz productiva no genera empleos dignos, no importan las calificaciones o credenciales obtenidas en la educación superior. La esperanza en el ascenso social fue parte fundamental para la construcción de las narrativas de los hogares de clase trabajadora que se endeudaron con la educación superior de sus hijos con altas tasas de interés. Jóvenes de 20 años tenían una mochila de deuda que podía equivaler al pie para una casa propia, sin siquiera generar ingresos autónomos. Los hogares en Chile para "evitar" la pobreza hipotecaron su fuerza de trabajo futura para obtener las credenciales que les permitieran ascender socialmente. El ciclo de la deuda ha implicado un modelo de disciplinamiento para estudiantes y sus familias.
En este modelo depredador han ganado principalmente los bancos y las instituciones privadas de educación superior, que se han beneficiado de los sobrepagos del Fisco y han mantenido un modelo que obliga al Estado y a los estudiantes a pagar sin siquiera una garantía de que ese cartón universitario sirva para mejorar la calidad de vida de estudiantes o sus hogares. El origen de la deuda estudiantil es ilegítimo, su pago está fuera de cualquier ética y es el punto que debería abordar el proyecto de ley. Es un avance expulsar a la banca como mediador financiero para acceder a la educación superior, pero no es suficiente. Hay que recuperar la noción de educación como derecho y no como un bien de consumo pagado en módicas cuotas mensuales.
Hay que avanzar en desmantelar la idea de que es necesaria la mediación de la deuda para acceder a derechos básicos que deberían estar garantizados. La condonación universal de todas las deudas estudiantiles es un mínimo ético cuando observamos el panorama global. No solo es la expropiación financiera, este proyecto de ley deja intacto un modelo que responde a la demanda en el "mercado" de la educación superior. Esto hace que las instituciones de educación superior estén totalmente desreguladas y que abran carreras sin campo solo para aumentar matrículas. Sumado a que paraliza la cobertura de gratuidad que avanzaba en deciles desde su aprobación.
Este proyecto es regresivo, mantiene la competencia en la educación superior con la noción de que los derechos son un bien intercambiable. No avanza en condonación universal, solo disminuye marginalmente los montos de las deudas con una repactación y pausa el proceso de gratuidad. Es un proyecto que no busca construir educación para un proyecto nacional, solo mantiene pagando en cuotas repactadas a los miles de hogares chilenos que creyeron en la educación como un mecanismo de bienestar real. Las deudas no las tienen los hogares, la deuda es con hogares de clase trabajadora que han sido expropiados de derechos.
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