Convidados de piedra, universidades privadas en campos clínicos públicos

Yasna Carrión

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Que la educación es un tema permanente de debate en Chile, nadie lo discute. Está en todos los medios, con diversos tonos y cada cierto tiempo. De la mano viene otro tema no menor, que por supuesto ya vivimos, pero -conforme avance la gratuidad - ocupará espacios en radio, televisión, prensa escrita y medios digitales.

Me refiero a la relación entre las instituciones de educación superior estatales o privadas y los campos clínicos, entendiendo por tales a todos aquellos centros de salud públicos, hospitales, fundamentalmente, en que estudiantes de carreras como Medicina, Odontología, Enfermería, Obstetricia, Kinesiología, Tecnología Médica, Fonoaudiología, Nutrición y otras deben hacer pasantías necesarias y obligatorias para concluir exitosamente su formación académica de pre grado y también de pos-grado.

Hasta ahora, dicha relación entre universidades y campos clínicos se daba en términos regidos más bien por lo económico, donde una institución carente de un centro debía “negociar” la ubicación de sus estudiantes mediante un pago determinado de manera arbitraria por el oferente. Y quien obtenía más cupos solía ser el mejor postor.

Como resultado de esta política, en un mismo centro de salud hoy se da la convivencia de estudiantes de una misma carrera, salvo Medicina, lo que agrava más el problema para ésta, provenientes de diversas universidades y, obviamente, de varias carreras de una misma universidad.

En este escenario, las universidades tradicionales, como la U. de Chile, o vistas como tradicional, como la U. Católica, llevan por cierto la delantera al disponer de infraestructura propia que les permite garantizar  cupo o espacios clínicos a los profesionales en formación en el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre y otros y en la Red de Salud UC Christus, respectivamente.

En cuanto a las privadas, los casos excepcionales son la Universidad del Desarrollo y la Universidad de los Andes, que tienen suscritos convenios docente asistenciales preferenciales con particulares o con una clínica propia en el caso de ésta última. Un privilegio del que carecen otras universidades y que la nueva norma elaborada por el Ministerio de Salud (MINSAL) pretende rectificar.

Sin embargo, luego de casi dos años de reuniones entre los actores principales involucrados en esta discusión, se llegó a la dictación de la Norma 254 por parte del MINSAL. Una vez más, la solución no despertó consenso.

Si bien estoy de acuerdo con la postura generalizada de que es beneficioso regular el tema para cautelar en definitiva el derecho de los estudiantes de acceder a los campos clínicos, la forma, en cambio, me parece que adolece de reparos que sólo van en desmedro de las universidades privadas.

Esto, porque si se llegara a implementar la nueva norma, los campos clínicos disponibles se asignarían a las universidades según un puntaje compuesto de dos conjuntos de variables: un 85% producto de la suma de factores como acreditación de plantel y de carrera, trayectoria, desarrollo de pos-grado, enfoque curricular de la carrera, enfoque territorial y adscripción a la gratuidad. El 15% restante se generaría a partir de “contribuciones” de la universidad al campo clínico.

A mi juicio, y en líneas generales, en esta fórmula se escondería una vulneración importante del derecho de todos los estudiantes a acceder a su pasantía clínica, en contraposición justamente a lo que la ley pretende resguardar con tanto celo, como es el acceso universal a las educaciones superior y técnica gratuitas.

Porque, pongamos por caso, si un estudiante ingresa a un plantel privado a estudiar medicina (actualmente son 6 los que no están adscritos a gratuidad, representando en el caso específico de esta carrera el 35% de la matrícula a nivel nacional), es un hecho que las oportunidades de acceder a algunos campos clínicos se ven desmejoradas frente a otro estudiante que hubiese ingresado a la misma carrera, pero en un plantel tradicional.

En definitiva, si bien esta norma es bienvenida como un intento de ordenar el tema, adolece de muchos defectos.

En otras palabras, mediante la supuesta solución a un problema, se han generado problemas nuevos que seguirán repercutiendo en el futuro próximo, con un costo en la calidad de la formación de miles de profesionales que no pagará ni la universidad ni el Gobierno de turno, sino finalmente el usuario de la salud pública.

Me parece importante traer a colación que, según diversas estadísticas, en pocos años se estima tener una falencia de más de 7.000 médicos en Chile, realidad que también compartirán otras profesiones de la salud.

Los planes de estudios de todas las carreras y, por ende, de las carreras de esta área, son revisados y aprobados por la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (MINEDUC).

Asimismo, constata títulos y estudios de universidades e institutos profesionales cerrados, quienes deben acreditar su calidad y competencias. Y esto último no sólo se logra en la universidad, sino también en los campos clínicos, donde todos los estudiantes del área deben hacer sus prácticas.

Me parece que, de una vez por todas, el MINEDUC debe conversar con el MINSAL para trabajar en políticas conjuntas estatales y no gubernamentales en esta materia.