Convivencia escolar: educar no es castigar
La convivencia educativa se ha transformado en uno de los principales desafíos que enfrenta hoy el sistema educativo chileno. Nadie puede negar que existen situaciones complejas en nuestras escuelas y liceos, pues los equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y familias conviven diariamente con conflictos, tensiones y problemáticas que muchas veces reflejan las profundas desigualdades y fracturas que atraviesan nuestra sociedad.
Sin embargo, la convivencia no debe entenderse únicamente como el espacio donde emergen los conflictos o los problemas que es necesario gestionar. Constituye, ante todo, la condición fundamental sobre la cual se construye toda experiencia educativa. Aprender es un proceso esencialmente relacional: nadie aprende aislado, sino en interacción con otras personas, a través del diálogo, la colaboración, el reconocimiento mutuo y la participación en una comunidad. Educar es, en esencia, convivir. Por ello, la calidad de los vínculos que se construyen en la escuela no sólo incide en el bienestar de quienes la integran, sino que determina las posibilidades reales de enseñar, aprender y desarrollar trayectorias educativas significativas.
Por eso, cuando hablamos de convivencia educativa, debemos hacerlo con responsabilidad, porque lo que está en juego no es únicamente la seguridad al interior de los establecimientos educacionales, sino también el tipo de educación y de sociedad que queremos construir.
En este contexto, el Gobierno ha impulsado la ley denominada Escuelas Protegidas, una iniciativa que pone el énfasis en la seguridad, el control y el fortalecimiento de mecanismos sancionatorios frente a situaciones de violencia escolar. Si bien compartimos la necesidad de proteger a las comunidades educativas y garantizar entornos seguros para el aprendizaje, creemos que reducir o concentrar el debate a una lógica punitiva constituye un error que puede generar más problemas de los que pretende resolver.
La reciente Ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar nos propone un camino distinto y es el que valoramos, pues en ella se entiende la convivencia como una condición fundamental para el aprendizaje, que pone en el centro el bienestar de las comunidades educativas y que promueve estrategias preventivas, formativas y restaurativas. Se trata de una mirada moderna, coherente con los desafíos actuales de la educación y alineada con la comprensión de que enseñar también implica formar ciudadanos y ciudadanas capaces de convivir en la diferencia y resolver conflictos de manera democrática.
El problema es que hoy estamos observando una tensión evidente entre ambos enfoques. Mientras una legislación impulsa el bienestar, la inclusión y la formación integral, el proyecto Escuelas Protegidas del Gobierno del Presidente Kast avanza hacia una lógica de control que corre el riesgo de reinstalar prácticas que creíamos superadas.
En Recoleta, nuestro sistema educativo ha desarrollado durante años una estrategia que entiende la convivencia como parte esencial del proceso pedagógico. A través de nuestro Proyecto Educativo Comunal y del modelo CATI, hemos promovido una visión que vincula bienestar y cuidado con aprendizaje, fortaleciendo el acompañamiento integral de estudiantes, el trabajo interdisciplinario, la participación de las comunidades y la construcción de trayectorias educativas que no dejen a nadie atrás.
Hemos fortalecido equipos de convivencia escolar, desarrollado instrumentos para la toma de decisiones, impulsado prácticas restaurativas y promovido una cultura institucional orientada a la prevención antes que a la reacción. Sabemos que los conflictos existen y que algunos de ellos requieren medidas firmes, pero también sabemos que la seguridad no puede transformarse en el único criterio que oriente las decisiones educativas.
Por eso nos preocupa que en el debate público se esté instalando una falsa dicotomía entre seguridad y formación, porque las comunidades educativas no tienen que elegir entre proteger o educar. El desafío es precisamente integrar ambas dimensiones y con ello garantizar espacios seguros, pero sin renunciar al sentido pedagógico de la escuela.
Eso no significa relativizar situaciones graves ni desconocer el derecho de las comunidades a sentirse protegidas, sino que significa entender que las medidas disciplinarias deben formar parte de una estrategia más amplia, donde se considere el contexto, la trayectoria educativa, las condiciones sociales y emocionales que inciden en cada situación.
La convivencia educativa es un desafío educativo, social y humano que exige fortalecer las capacidades institucionales, ampliar el apoyo profesional y consolidar un trabajo intersectorial capaz de responder a la complejidad de las realidades que viven niñas, niños y adolescentes. Pero, por sobre todo, exige comprender que cada acción orientada al cuidado, la inclusión y el buen trato tiene un propósito mayor: proteger y fortalecer las trayectorias educativas de las y los estudiantes.
Por eso, desde Recoleta seguiremos trabajando por una educación pública que forme, incluya, cuide y proteja; una educación que no confunda autoridad con castigo ni seguridad con exclusión. Tenemos la convicción de que las escuelas deben ser comunidades donde se aprenda a convivir, incluso en medio de las diferencias y los conflictos, porque es precisamente en la calidad de esos vínculos donde se crean las condiciones para que cada estudiante permanezca, participe, aprenda y proyecte su futuro. Proteger las trayectorias educativas significa asegurar que ningún niño, niña o joven quede atrás y que cada uno encuentre en la escuela un espacio de pertenencia, aprendizaje, bienestar y oportunidades para desarrollar plenamente su proyecto de vida. Ese es, quizás, el mayor desafío de la educación de nuestro tiempo.