Cuidar a los trabajadores de la Educación para proteger el derecho de nuestros estudiantes

Mónica Arce Castro

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En las últimas semanas hemos visto cómo en diferentes comunas del país se dan a conocer serios problemas con el pago de las cotizaciones previsionales e incluso el no pago de los sueldos líquidos a las asistentes de la educación, profesoras y profesores, lo que tiene como consecuencia la movilización de los docentes en comunas como Antofagasta, San José de Maipo, San Bernardo, Lota, Linares o Ancud y el resto de la Isla de Chiloé.

También hemos visto complejas situaciones de infraestructuras en comunas populares. Tal como pasa en Puente Alto, donde a pesar de las permanentes denuncias de las organizaciones sindicales de la comuna, escuelas como Casas Viejas, Gabriela o El Volcán de San José siguen sin tener las condiciones adecuadas para las clases.

Sumado a la anterior hemos recibido en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados los testimonios de diferentes agrupaciones de profesores a nivel nacional, comunal y de las corporaciones municipales, dando cuenta de un problema que de manera sigilosa empieza a explotar en diferentes regiones del país.

No puede quedar fuera de la cuenta de problemas que cohabitan en materia de educación el pago de la deuda histórica con las y los profesores. Lo mismo para el bono de incentivo al retiro, que permite generar movilidad entre los funcionarios y funcionarias de la educación. Esto debemos entenderlo como un acto de justicia que debe resolverse a partir de una verdadera voluntad política.

Debo reconocer que extrañé en la reciente Cuenta Pública del Presidente un compromiso claro con la educación. Faltó plantear caminos legislativos concretos para resolver las innumerables problemáticas, que fuesen más allá de la aprobación o no de la reforma tributaria.

Ante esta urgencia nos hemos articulado con diferentes instancias para encontrar soluciones, porque finalmente son los niños, niñas y adolescentes los principales perjudicados de esta -por décadas- fallida política de financiamiento de la educación y la implementación del proceso de desmunicipalización sin criterio de realidad llevada adelante por el gobierno de Sebastián Piñera.

Nuestro objetivo debe ser asegurar las mejores condiciones de trabajo para las y los trabajadores de la educación, teniendo claro que el real objetivo de la gestión educacional es resguardar el derecho que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes a contar con todas las condiciones necesarias para desarrollar un aprendizaje efectivo.

Como hija de profesora tengo la certeza que los asistentes de la educación junto a las y los profesores, en su gran mayoría, dejan la piel por conseguir entregar y poner en práctica los aprendizajes que día a día entregan en las aulas, pero con pura vocación no alcanza. Entonces es tarea del Estado poner a disposición todas las herramientas y condiciones para que en los establecimientos públicos se pueda respetar y cumplir con el derecho a la educación de calidad que cada niño, niña y adolescente debe tener garantizado.

Pongámonos manos a la obra. Ya no tenemos margen de error ni tiempo que perder.