Entre julio y septiembre de este año, el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años llegó a 24,6%. La tasa nacional fue de 9,8%. No es un problema nuevo: en 2024, la desocupación juvenil en Chile (20,7%) ya superaba con holgura el promedio de la OCDE (14,2%).
Solemos buscar las causas en la economía, en la falta de experiencia o en la intermediación laboral, y todas pesan. Pero falta una pieza clave que se define mucho antes de la primera entrevista de trabajo: ¿Cuántos de esos jóvenes llegan al mercado laboral sin haber terminado la enseñanza media? Muchos de ellos ni siquiera pueden acceder a oportunidades de trabajo.
No es la única causa del desempleo juvenil, y sería un error presentarla así. Terminar cuarto medio no asegura un empleo. Pero la evidencia muestra que no terminarlo cierra muchas puertas. Según la OCDE, en Chile 61% de las personas de 25 a 64 años que no completaron la enseñanza media tiene empleo, frente a 71% de quienes sí la completaron. Son diez puntos de diferencia.
El Centro de Estudios Horizontal estima que el desempleo al inicio de la vida laboral puede traducirse en pérdidas salariales de entre 10% y 15% que se mantienen por una década o más. La OIT advierte, además, que los jóvenes que ni estudian ni trabajan están más lejos del mercado laboral que quienes lo buscan activamente, y que cuesta más reincorporarlos. El tiempo cuenta.
En Súmate lo vemos a diario. Un joven que vuelve a una escuela de reingreso no recupera solo una matrícula. Recupera la posibilidad de aspirar a un empleo formal, de seguir estudiando, de proyectarse. Las políticas de empleo y capacitación son indispensables, pero seguirán chocando con un límite mientras miles de jóvenes no tengan cómo completar su escolaridad. Hoy, más de 70.000 niños, niñas y jóvenes de entre 14 y 21 años están fuera de la escuela. Para ellos, la modalidad de reingreso no será una vía real, sin financiamiento estable. El proyecto de ley que corrige esto lleva años de tramitación, y meses detenido en comisión mixta. Por su parte, el proyecto de Presupuesto 2027 no refleja el esfuerzo necesario: la línea de Educación de Adultos y Reinserción Escolar se reduce en $512 millones, 4,1% menos que lo aprobado para este año.
No es solo una cuestión de magnitud. La actualización financiera que realizamos en Súmate estima que el costo total de la ley, en régimen, sería de unos $28.700 millones, cerca de $19.000 millones menos de lo proyectado en 2021. Eso equivale a menos de 0,2% del presupuesto anual de Educación.
Por eso, cuando se discute una línea presupuestaria o un artículo transitorio, no se está decidiendo solo un asunto educativo. También se está decidiendo cuántos jóvenes podrán competir mañana por un empleo formal. Esa es la arista que hoy falta en la conversación sobre reingreso, y es la que nos mueve a pedir que el país la incorpore.
Mientras el reingreso no tenga financiamiento estable, miles de jóvenes seguirán sin una vía real para completar su escolaridad, con consecuencias que van más allá de lo educativo, entre ellas las laborales. Por eso pedimos al Ejecutivo y al Congreso a hacerse cargo de este desafío de justicia en lo que resta de la discusión presupuestaria: que el proyecto que sigue en comisión mixta avance con urgencia y que 2027 parta con financiamiento asegurado para el reingreso, de forma gradual y comenzando por quienes están más cerca de completar la enseñanza media.
Un presupuesto también es una forma de decir qué trayectorias importan. Terminar la enseñanza media no garantiza por sí sola un trabajo, pero no terminarla, vuelve el camino aún más cuesta arriba. Por lo tanto, que ningún joven tenga que subir ese camino sin una escuela a la que volver.