En la sociedad chilena está cada vez más claro que la educación debe estar al alcance de cualquier ciudadano de nuestro país. Este convencimiento debe celebrarse, puesto que implica que estaremos atentos a que esta convicción esté expresada con fuerza, sin ambages en el nuevo texto constitucional. Así las cosas, a la educación debe considerársele como lo que es: un derecho humano fundamental.
Qué la educación sea un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos significa que una sociedad más educada es capaz de darse a sí misma lo que necesita, para innovar y buscar soluciones creativas a sus problemas en los distintos ámbitos: sociales, políticos, tecnológicos, sanitarios, ecológicos, económicos, etc.
La educación de calidad tiene por objeto el desarrollo integral y completo de los seres humanos. Es clave entonces que quede así estipulado en la redacción de la nueva Constitución. Otras redacciones serían menos comprometidas y concretas. Cuando una institución como la "educación" se consagra como derecho en una constitución, les decimos a los miembros de la comunidad que ese derecho es exigible al Estado. De esta manera, el Estado es el garante de su cumplimiento, vale decir, de proveer la estructura y los recursos necesarios para una educación de calidad para todos y todas en el curso de vida. Más aún, el Estado debería poner los horizontes y desafíos de desarrollo país, de modo de prefigurar un proyecto de futuro que implique movilizar las energías e inteligencias de la sociedad en su conjunto.
Un proyecto social, de desarrollo país común, a partir de la educación como derecho, nos compele a no dejar a nadie fuera, procurando que, en cada rincón, cada espacio del territorio nacional se ofrezca a sus habitantes esa educación de calidad, que entregue las herramientas de alfabetización amplia y variada para construir robustos caminos de vida personal y bienestar colectivo.
Para ejemplificar concretamente qué educación requiere Chile para dejar atrás su camino de subdesarrollo, pensamos en la escuela justa, que según las palabras del sociólogo francés Dubet "no puede limitarse a seleccionar a aquellos que tienen más méritos ella debe también preocuparse de la suerte que corren los vencidos. Ahora bien, la igualdad de oportunidades en estado químicamente puro no resguarda necesariamente a los vencidos de la humillación del fracaso y del sentimiento de mediocridad. La meritocracia puede resultar perfectamente intolerable cuando ella asocia el orgullo de los ganadores al desprecio por los perdedores".
Dicho de otra forma, la educación como derecho humano fundamental genera instituciones -escuelas- donde cada uno de los que ahí se educan tienen las mayores posibilidades de desarrollarse, tener una vida satisfactoria, ser un aporte a su comunidad y por extensión un ciudadano que contribuye con sus capacidades a la construcción de una mejor sociedad.
Los proyectos personales contribuyen a los proyectos colectivos para proteger a cada uno de los miembros de la comunidad de esa posible humillación y exclusión. En este sentido la educación se piensa, o debería pensarse, como un pilar de la protección social, un verdadero constructor de la sociedad en el que cada uno quiere vivir. Ese proyecto de educación no es privado, no se elige, es público, es colectivo e irrenunciable.
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