El Simce para mejorar la educación: mitos y evidencias

Una vez más atravesamos el ritual anual de la publicación de los resultados del Simce, que se ha trasladado a comienzos de marzo. Tanto el ministro de Educación como el director de la Agencia de Calidad han celebrado el adelanto de la entrega de resultados, con el argumento de que esto permitiría dar un uso pedagógico a la prueba. Conviene analizar esta premisa con cuidado.

El uso pedagógico se ha utilizado como escudo de defensa a las críticas al Simce, sin embargo, la evidencia nos muestra que, en la mayoría de los casos, la prueba sirve para compararse con otros establecimientos y así competir, más que para mejorar los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. Cabe preguntarse por las causas de ello.

La respuesta más sencilla ha sido que las comunidades educativas, especialmente directivos y docentes, no entienden adecuadamente los resultados y por eso no les sacan partido. Esa conjetura ha motivado las modificaciones al informe de resultados en busca de traducir y poner en contexto la información, para hacerlo más inteligible para las comunidades educativas. No obstante, el impacto de estas medidas es insignificante.
Otra hipótesis, muy difundida, ha sido que la entrega de resultados, entre mayo y junio, no permitía incorporar su análisis en la planificación del año en curso. Esto motivó a la actual administración a adelantarla a marzo, sin embargo, no existen evidencias concretas de que esta modificación se haya traducido masivamente en un cambio en las prácticas de gestión pedagógica de los establecimientos. Al contrario, los primeros datos empíricos muestran que el uso pedagógico que celebran las autoridades no es más que una fantasía.

Los fracasos de estas modificaciones se explican porque el problema no es la fecha, ni el formato de los informes, ni la capacitación de los profesores, sino la función estructural que ocupa el Simce en el sistema educativo.

Más allá de los objetivos declarados, la prueba -desde su origen- se ha usado para señalar a las escuelas como buenas o malas y, en ocasiones, para focalizar recursos en algunas escuelas con desempeño preocupante.

Desde fines de los 2000, a esto se sumó la rendición de cuentas, es decir, el Simce como herramienta para presionar a los establecimientos subvencionados por el Estado, para que logren los resultados de aprendizaje esperados. Esta función ha sido criticada por expertos mediante investigación empírica, no sólo en Chile, sino en todos los países en que el rendimiento en pruebas estandarizadas tiene consecuencias para las escuelas.

La evidencia muestra que el incentivo es a mejorar puntajes más que aprendizajes, lo que es distinto, aunque suene parecido. Por eso, las escuelas contratan empresas que hacen poco más que entrenar a los estudiantes para contestar pruebas de alternativas, les enseñan los "trucos" del formato, y los profesores transforman sus evaluaciones para que parezcan pruebas estandarizadas y así los niños "se acostumbren".

Además, se genera un clima generalizado de temor, ya sea que se obtengan buenos o malos resultados, porque las escuelas que están en la cima temen caer y las que están por debajo de lo esperado temen desaparecer. Esto, debido a que la ley contempla que los establecimientos que tengan peores resultados sostenidamente serán cerrados.

El puntaje Simce se transforma en la columna vertebral de la educación mientras el aprendizaje se pierde de vista. Un puntaje con grandes límites para mostrar la complejidad de la educación escolar, pues no todo cabe en círculos coloreados reconocibles por un lector digital.

En este nuevo año en que miramos los resultados, no debemos confundir aprendizajes con puntajes, ni nuestros deseos de mejorar la educación con la realidad. Para ello, sería más útil revisar en profundidad la política educativa que ha ido transformando al Simce en amo y señor de escuelas y aulas. Entonces nos daríamos cuenta de que, para mejorar, es necesario destronarlo.

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