Financiamiento para la educación superior y la Contraloría: desafío para gobiernos futuros

Humberto Borges Quintanilla

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Recientemente, la contralora Dorothy Pérez ha realizado comentarios muy pertinentes sobre la ley en tramitación del Financiamiento para la Educación Superior (FES). Sus cuestionamientos no solo abordan aspectos técnicos, sino también éticos, en relación con el uso de los recursos del Estado. En particular, la titular de organismo se refiere a la utilización de activos o cuentas por cobrar del Estado para indicar pagos posteriores. Este financiamiento tiene numerosos requisitos que pueden llevar a su no pago o a su condonación final.

Según la información disponible en la página estatal donde se indica que la cuota "... no será superior al 7% del sueldo mensual (un 8% para personas con ingresos sobre 45 UTM, $3.000.000 aprox.) y quienes ganen menos de $500.000 mensuales aprox. (7,5 UTM a octubre 2024) estarán exentos de pago". Además, se propone una condonación del 25% por pago al contado. A todo esto, se añade una condonación inicial sujeta a condiciones académicas, estado de pago (deuda) y número de cuotas pagadas del crédito. En definitiva, se abren muchas posibilidades para no cancelar la deuda.

El criterio expuesto por la contralora respecto a que este monto no constituye un activo es acertado. Desde el inicio, este financiamiento a la educación ya contiene un descuento mínimo del 25% por pronto pago (si el egresado obtiene un buen sueldo) y una exención total para los casos de bajos ingresos. En mi opinión, se ha utilizado un argumento técnico razonable para señalar la inadecuada contabilización de este monto como activo, cuando debería considerarse un gasto.

Desde el punto de vista ético, la mera afirmación de que se genera un activo hoy implicaría que, en el futuro, este se verá afectado por un deterioro (gastos de deterioro), lo que dejaría un "costo político" a las administraciones venideras. Además, esto podría ser indicativo de una práctica de manejo financiero que busca embellecer los resultados contables del Estado, una mala práctica que podría repetirse en gobiernos de distintos signos políticos.

Si bien el financiamiento para la educación es crucial, no podemos permitir que se convierta en un problema para las futuras generaciones, encubriendo estas prácticas mediante manipulaciones contables. Debemos ser claros en si se trata de un financiamiento legítimo o de una beca disfrazada.