Fondos públicos y rendición de cuentas en universidades privadas: una nueva paradoja
Las políticas públicas hacia la educación superior chilena, en las que desde 1981 predomina una evidente racionalidad economicista y técnica de corto plazo, esconden, además, una tendencia en la historia de un país que recién termina las celebraciones populares, con ocasión de su independencia política del antiguo imperio colonial español.
Dicha tendencia tiene su punto de origen en la propia configuración del Estado y dice relación con la captura que una minoría, con poder social y político, hace del aparato público con el fin de apropiarse de los recursos públicos, con los que financia sus emprendimientos y negocios privados. El mismísimo Diego Portales, con el conocido estanco del tabaco, es un ejemplo de aquello. El origen de numerosas fortunas de la llamada élite, también lo son.
Ahora bien, los avances del sistema democrático, la emergencia de nuevos grupos sociales, organizados en partidos políticos de centro e izquierda, presionaron sobre el mismo Estado, con el fin de propiciar un reparto más equitativo de los fondos públicos. Ello significó, como se sabe, la expansión y consolidación de los sistemas públicos de salud, de educación y previsión en el Chile del siglo XX.
Sin embargo, este proceso de democratización de la sociedad chilena fue interrumpido por las "contrarreformas" que la dictadura impuso con las llamadas modernizaciones, que no fueron sino, un proceso de privatización de los servicios públicos. Ellas, significaron la ocurrencia de un proceso regresivo hacia el predominio de los intereses privados minoritarios, respecto del destino de los fondos públicos.
Lo que ha ocurrido en las últimas semanas con un grupo de universidades privadas que reciben financiamiento estatal para su funcionamiento es un claro ejemplo de aquello. Un grupo de universidades privadas, muchas de ellas autodefinidas como universidades privadas con vocación pública, contraviniendo incluso normas legales, le han negado al Estado información respecto de las remuneraciones que pagan a su personal, al no entregar, como lo exige la Ley de Presupuestos de 2025, las planillas de remuneraciones de sus instituciones.
La citada ley determinó la obligación de entregar esta información. Las referidas universidades, trece casas de estudios privadas según el periódico El Mercurio, se negaron a dar cumplimiento a este mandato legal. La ley establece que las universidades que reciben fondos públicos deben informar de las remuneraciones que pagan a su personal. Tal como lo hacen las universidades del estado que, en tanto públicas, dan a conocer por transparencia, las remuneraciones de todo su personal, junto con rendir ante la Contraloría General de la República, cuentas de su funcionamiento institucional.
Lo que realizan las universidades estatales es propio de su naturaleza. En tanto públicas, deben rendir cuentas de su acción ante la sociedad y ante los organismos contralores y fiscalizadores que el estado tiene, para cuartelar el uso adecuado de los recursos públicos. Sin embargo, este grupo de universidades privadas, escudándose en la autonomía universitaria, principio particularmente cuestionable en universidades con claro sesgo ideológico y político, que responden preferentemente a intereses de grupos particulares, se niegan a entregar esta información.
Este hecho, aplaudido públicamente por la exministra Cubillos, quien -como sabemos- recibiera un millonario y ampliamente cuestionado sueldo de parte una universidad privada, devela lo que se ha planteado al inicio de esta columna. Los representantes de estas universidades, integrantes de grupos de intereses privados que, al igual que lo hicieran otros grupos similares durante el siglo XIX y el siglo XX, dedican gran parte de su acción a mantener una influencia hegemónica sobre el estado, con el fin de acceder a los recursos del erario nacional para, así, financiar sus actividades privadas.
Cabe recordar que algunas de las autoridades de las universidades privadas que se niegan a cumplir este mandato legal, fueron también de los más destacados detractores del movimiento social de octubre de 2019 que nos llevó a los fracasados procesos constituyentes. Esta negativa institucional y corporativa privada, entrega a la opinión pública claras luces respecto de las razones de fondo que los llevaron a actuar en contra del movimiento social que empujaba cambios profundos al entramado político e institucional chileno, cambios que buscaban recuperar la tendencia histórica democratizadora que el golpe y la dictadura interrumpieron.
Es de esperar que el estado de derecho, tan claro en el discurso público de estos mismos grupos de interés, predomine finalmente y se logre que las universidades privadas que se niegan a rendir cuentas del uso que hacen de los fondos públicos que reciben, sean llamadas al orden por las autoridades del Estado.
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