Hasta que la libertad se haga costumbre

Borja Besa Bandeira

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La semana pasada la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó a la sala un proyecto -originado en una moción de parlamentarios oficialistas- que busca regular el uso de las horas de libre disposición en la jornada escolar completa. En concreto, el proyecto señala que "las horas de libre disposición deberán ser utilizadas en actividades complementarias a la labor educativa y en ningún caso podrán ser utilizadas para aumentar las horas de las asignaturas obligatorias establecidas en el currículum nacional".

Ahora bien, nuestra actual legislación, nuestra Constitución y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile consagran la libertad de enseñanza, que incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Es decir, la facultad de gestionar los establecimientos y sus proyectos educativos de manera libre, sin otra limitación, señala la Constitución, que "las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional".

No hace falta ser experto, entonces, para ver que desde el Congreso se está tratando de imponer una limitación adicional a la libertad de enseñanza. Prohibir actividades que se puedan realizar en las horas que paradojalmente se llaman de "libre disposición", subrayamos lo de libre, implica gestionar los proyectos educativos de todos los establecimientos desde el Parlamento, afectando de manera directa su autonomía.

Así, por ejemplo, si un director detecta que los estudiantes de su colegio están presentando un déficit en la asignatura de inglés, obligatoria en el currículo, tendrá prohibido poder destinar horas para remediarlo. Lo mismo ocurriría con educación física, arte, música y cualquier otra asignatura obligatoria. Pero para tranquilidad de los autores de la moción, los niños podrán aprender, por ejemplo, a hacer yoga.

Para que decir en lenguaje. Si los niños no están aprendiendo a leer no se podrá hacer un reforzamiento para que lo hagan. Qué duda cabe, respecto a la importancia de una educación integral. Con esto tendrán obligadamente una educación integral, pero puede que ni sean capaces de comprender lo que significa "integral". En buen chileno, la carreta delante de los bueyes. Vemos como la brecha se continúa agrandando y remamos exactamente en el sentido contrario.

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Los Andes indicó que 96% de los niños de primero básico no conocen las letras del abecedario, por lo que no son capaces de leer libros indicados para su edad. Asimismo, se vio que es que los niños y niñas de segundo básico bajaron de 120 Lexiles a lector inicial, lo que significa que los estudiantes entre 7 y 8 años no están decodificando las palabras, bajando a un nivel de kínder.

En esa misma línea, la última versión de la Encuesta de Monitoreo en Pandemia, aplicada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, arrojó atrasos muy importantes en la cobertura curricular, evidenciando al mismo tiempo, las amplias brechas que se ven entre colegios según su dependencia. El 43% de los recintos municipales y el 38% de los dependientes de los SLEP no cubrieron más de 70% de la planificación curricular. En comparación, el 26% de los particulares subvencionados y el 5,5% de los pagados se encuentran en esta situación. Esto considerando que una gran cantidad de establecimientos están aplicando el currículum priorizado, que contempla menos contenidos.

Además, el proyecto originalmente indicaba que, para la determinación de las actividades a realizar en estas horas, los establecimientos deberían considerar la opinión del Consejo Escolar como instancia vinculante. Durante la discusión se decidió razonablemente eliminar esto, por lo que el concepto de vinculante fue removido, dejando que el Consejo será consultado sobre estas materias.

Lo anterior en todo caso no será así para todos los colegios que dependan de los Servicios Locales de Educación, es decir en un futuro, toda la educación pública. Esto ya que, al mismo tiempo, la diputada Camila Rojas ingresó otra indicación para modificar la ley 21.040, que crea el sistema de educación pública, agregando una nueva letra al artículo 13, en donde se enumeran las materias respecto a las cuales el Consejo Escolar tendrá facultades resolutivas, incorporando la orientación de las actividades en las horas de libre disposición.

La pandemia causó estragos y es urgente centrarnos en la recuperación de aprendizajes con todas las herramientas posibles. Es momento de empoderar a los directores para que puedan llevar adelante esta tarea, no de limitarlos con más regulaciones. Y aunque a algunos no les guste, la clave para esto es la libertad.