Municipios al rescate de los SLEP, para evitar la contrarreforma

Mauricio Bravo

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La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) ha sido un tema recurrente en el debate público. Desde su creación, esta política se propuso como una gran reforma educativa destinada a mejorar la calidad y equidad en la educación pública. Sin embargo, debido a errores de diseño o al poco tiempo transcurrido, no ha logrado superar a los municipios en varios indicadores claves, como asistencia, deserción, rotación docente y puntajes Simce. Estos resultados ponen en entredicho la eficacia de una reforma que, a pesar de sus buenas intenciones, no parece estar alcanzando los objetivos esperados.

Una de las principales falencias identificadas es que no se consideraron las buenas prácticas preexistentes en algunos municipios. Las reformas educativas de gran envergadura siempre deben tomar en cuenta las prácticas efectivas ya implementadas. De lo contrario, no solo se desaprovechan conocimientos y experiencias valiosas, sino que también puede llevar a una implementación que no se ajusta a las realidades específicas de cada comunidad educativa.

Por otra parte, el corto plazo de implementación de los SLEP ha sido insuficiente para evaluar y ajustar adecuadamente sus resultados: "Las incidencias de las políticas educativas son muy diversas y pueden tardar años, incluso generaciones, en hacerse completamente visibles" (OECD Education Policy Evaluation 236, año 2020). Por tanto, antes de seguir avanzando en la implementación de nuevos SLEP, debemos realizar una evaluación robusta que permita identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.

Por último, la suposición de que un sistema educativo uniforme es la solución óptima para fortalecer la educación pública es un error. La diversidad de sostenedores, acompañados de mecanismos efectivos de regulación y supervisión, permite que estos funcionen como un sistema coherente y ordenado. Además, la diversidad institucional puede ofrecer una respuesta más ágil y adecuada a las diversas necesidades locales, promoviendo así una mayor equidad y eficacia en el sistema educativo.

Para no afectar las trayectorias de mejoramiento escolar de algunos municipios, se debe revisar el artículo décimo de la ley de Fortalecimiento de la Educación Pública, permitiendo la postergación del traspaso del servicio educacional de más municipios que demuestren buenos resultados sostenibles en los últimos años. Esta modificación garantizaría la continuidad de las buenas prácticas y una transición más justa y efectiva.

Así, es esencial que esta reforma educativa considere y respete las prácticas exitosas ya existentes, promueva una diversidad de sostenedores que reflejen la variedad de contextos locales, y se implemente en tiempos adecuados para permitir una evaluación y ajuste continuo. Solo así podremos aspirar a un sistema educativo que verdaderamente responda a las necesidades y desafíos de todos nuestros estudiantes y evitar una contrarreforma que termine siendo aún más perjudicial.