Un acto de justicia: comienza a avanzar la solución a la deuda histórica docente

Erwin Díaz Asenjo

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^{Coescrita con Alejandra Arratia Martínez, subsecretaria de Educación}

Chile empieza a saldar una deuda que es mucho más que económica. Este mes de octubre de 2025, el Estado chileno finalmente comienza a cerrar una herida profunda y dolorosa de nuestra historia reciente en educación: la llamada "deuda histórica" con las profesoras y profesores. La Ley 21.728, aprobada transversalmente en enero de este año, nos permite iniciar un proceso de reparación que pone fin a más de cuatro décadas de espera y lucha incansable de miles de educadores, abriendo una oportunidad estratégica para proyectar una nueva relación entre el Estado y la profesión docente.

Este hito no se entiende sin su origen. La deuda fue una consecuencia directa de la municipalización del sistema de educación pública en 1981, impuesta durante la dictadura cívico-militar. Al ser traspasados a las municipalidades, las y los profesores se vieron privados de recibir una de las asignaciones salariales que les correspondía legalmente, lo que generó un perjuicio que afectó gravemente su calidad de vida y el destino de sus jubilaciones.

Que hayan tenido que pasar ocho gobiernos democráticos y tanto tiempo para alcanzar esta solución, es un reflejo de la complejidad y la magnitud de la injusticia. Hoy, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es el que, con la voluntad política y la convicción necesaria, se hace cargo de este deber. Tras un trabajo liderado por el Ministerio de Educación (Mineduc), en conjunto con el Colegio de Profesoras y Profesores, esta administración logró que la solución a esta cicatriz de nuestro sistema educativo se concrete en ley.

Estamos hablando de una reparación que alcanzará a más de 57.000 docentes afectados en todo el país, en un proceso que se extenderá de forma progresiva hasta el año 2030. El inicio de este proceso, entre 17 y 22 de octubre de 2025, es, por donde se le mire, un acto de justicia.

El primer grupo de pago, conformado por 15.560 profesores, es una señal contundente de cumplimiento del compromiso asumido. La Ley estableció la priorización por mayor edad para la asignación de cupos. No es casualidad que las personas de este primer grupo sean mayoritariamente mujeres (71,2%), o que el docente de mayor edad que recibirá el aporte tiene hoy 104 años de vida. Este criterio pone la dignidad de la trayectoria y la edad avanzada en el centro de la reparación. Además, la ley contempla la transmisibilidad del aporte a los herederos si el profesional fallece después de presentar los antecedentes que permitan confirmar que es beneficiario de este aporte.

Para ejecutar este primer pago, el Estado de Chile desplegará una inversión de $35.010 millones de pesos. Este desembolso no es un gasto; es la materialización de un deber moral con quienes dedicaron su vida a la formación de nuestra nación.

Aun cuando este aporte tiene un alcance mucho más allá que el económico, viene a contribuir a la situación de muchos docentes y podrá aliviar diferentes necesidades que puedan estar enfrentando en estos momentos. Por lo mismo es que la propuesta concitó un amplio apoyo de las personas afectadas, quienes la respaldaron con 82%. Asimismo, esto se suma a la reforma de pensiones aprobada recientemente, que contribuye a una vejez más digna para quienes han dado su vida por el país.

El inicio de este primer pago es un paso fundamental para el reconocimiento y valorización de la profesión docente, junto con reafirmar el rol insustituible de quienes han formado a generaciones enteras. La deuda se comienza a saldar, y con ello, comienza a reestablecerse un principio fundamental de justicia para quienes han entregado su vida al servicio de la patria.