Adopciones irregulares: lo que falta no es evidencia, sino voluntad política
Hay decisiones que no son administrativas. Son políticas. Y precisamente por eso deben ser evaluadas como tales. El cierre de la Unidad de Búsqueda sobre Adopciones Irregulares es una de ellas. Tres profesionales fueron despedidos, y su conocimiento y experiencia eran parte de una institucionalidad que recién comenzaba a consolidarse. Importa porque desaparece una capacidad especializada que el propio Estado había considerado necesaria para enfrentar una deuda histórica. Pero, sobre todo, importa porque sus efectos debilitan la respuesta institucional frente a una de las más graves vulneraciones al derecho a la identidad ocurridas en Chile.
Esa decisión compromete la responsabilidad política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargado de conducir la política estatal en esta materia. Tiene el deber de conducir la política de derechos humanos del Estado. Y cuando decide cerrar una unidad creada precisamente para responder a una violación de derechos humanos ya reconocida por el propio Estado, la señal es inequívoca.
Durante décadas fueron las víctimas quienes hicieron el trabajo que correspondía a las instituciones. Buscaron archivos, reconstruyeron historias familiares, financiaron exámenes de ADN y demostraron que lo ocurrido no eran casos aislados. Gracias a esa perseverancia, el Estado finalmente dejó de mirar hacia otro lado.
Hoy ya no existe discusión sobre la naturaleza del problema. La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la mesa interinstitucional convocada por el propio Ejecutivo coincidieron en un diagnóstico: las adopciones irregulares constituyeron una grave vulneración de derechos humanos y el Estado tiene obligaciones permanentes de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Ese reconocimiento cambió las reglas del juego. Cuando un Estado admite una violación de derechos humanos, deja de decidir libremente cuánto quiere involucrarse. Ya no se trata de una política opcional ni de una prioridad que pueda variar según el presupuesto o el gobierno de turno. Se trata del cumplimiento de obligaciones permanentes.
Es desde ese reconocimiento que Corporación Humanas ha acompañado este proceso. Porque detrás de las adopciones irregulares no solo hubo niños y niñas separados de sus familias. Hubo también mujeres a quienes el Estado les arrebató la maternidad. La mayoría eran jóvenes, pobres, muchas veces rurales, que llegaron a hospitales públicos en condiciones de enorme vulnerabilidad. A muchas les dijeron que sus hijos habían muerto. Otras firmaron documentos que no comprendían. Otras nunca volvieron a ver al niño o niña que acababa de nacer. La separación forzada de madres e hijos no solo destruyó vínculos familiares; también afectó el ejercicio de la maternidad y el derecho de miles de mujeres a decidir sobre sus propias vidas. No fue solo una vulneración al derecho a la identidad. Fue también una forma de violencia institucional contra las mujeres.
El cierre de la Unidad de Búsqueda no es un hecho aislado. Es la expresión más visible de un problema más profundo: el Estado sigue sin asumir plenamente la responsabilidad que él mismo reconoció. Lo preocupante no es únicamente que desaparezca una oficina. Lo preocupante es que se debilite la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación y el derecho a la identidad desaparezca mediante instituciones fuertes, permanentes y especializadas.
Chile ya hizo lo más difícil: reconocer que miles de personas fueron privadas de su identidad y que el Estado falló en protegerlas. Ese reconocimiento no puede quedar reducido a una declaración. Debe traducirse en instituciones capaces de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo que falta ahora no es evidencia. Lo que falta es voluntad política para estar a la altura de ese reconocimiento.