¿Cómo cambiar el modelo subsidiario en los programas de protección a la infancia?

Gabriel Guzmán

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El último informe del Comité de los Derechos del Niño ha planteado que el modelo del Estado chileno en infancia es subsidiario, recomendando la modificación de la ley de subvenciones que regula el financiamiento de los programas del Sename. Este organismo se ha ido construyendo en base a la labor histórica y asistencial de la sociedad civil, lo que ha producido que su diseño institucional esté en esta misma lógica: en formato Pre – Convención de los Derechos del Niño.

De aquí que tengamos un servicio altamente centralizado, que fija orientaciones genéricas, con supervisiones sólo enfocadas en lo administrativo y con elementos básicos de la gestión de los programas altamente incumplidos.

Cabe dejar en claro que el problema no es la participación de la sociedad civil en sí. Muchas organizaciones hacen una valiosa y esforzada labor. El problema estaría en las reglas y en las condiciones en las que se ha basado esta colaboración, en donde el Estado interviene solamente cuando el sector privado no lo hace, propiciando que no cumpla con su responsabilidad de proteger, respetar y garantizar los derechos de la niñez.

Cuando hablamos de un modelo que delega a privados de manera subsidiaria esto se refleja en una serie de tareas que también dejan de hacerse, en ámbitos como la planificación, la organización, la licitación, el financiamiento y la supervisión de los programas. Hoy urge revisar de manera integrada cada uno de estos elementos en torno a un modelo que realmente garantice de manera integral cuatro aspectos: la disponibilidad, la calidad, la pertinencia y la accesibilidad de los servicios.

El modelo de financiamiento es sin duda, dentro de todos, un aspecto clave. La finalidad de la lógica de subvenciones es apoyar la labor de los organismos colaboradores. Es más, y lo que es también mencionado por el informe del Comité, el reglamento de la Ley de Subvenciones habla explícitamente de “auxilio económico”.

Hoy el Acuerdo Nacional por la Infancia del gobierno propone algunos cambios parciales, principalmente en el ámbito del modelo de financiamiento. Éstos se han dado a conocer, eventualmente, en el anuncio del proyecto de ley que crearía el nuevo Servicio de protección a la Niñez. Entre los que se encuentra que las residencias tendrán un financiamiento fijo que aumentará del 30% actual a un 50%.

Sin embargo, hay que analizar si esta forma de asignar los recursos será la más adecuada. Primero, hay que ver si se cumple la promesa del acuerdo mencionado anteriormente, en el que el Estado asumiría los costos totales de estándares, y no como ocurre actualmente, donde las fuentes de financiamiento son mixtas. Por otra, cabe analizar, con diseño en mano y costos claros, si la forma de asignación de estos recursos es la correcta.

No hay modelo “perfecto”, ya sean basales o condicionados, todos tienen ventajas y desventajas. El análisis depende más bien de cómo realmente se están diseñando los programas.

Teniendo en cuenta que se proyectan residencias mucho más pequeñas, mantener un excesivo porcentaje de formas de pago variable por niño/a atendido puede ser riesgoso.

Más bien la tendencia debiese ser a que las formas variables de asignación de recursos privilegien el logro de resultados concretos de intervención, que creen valor público real, y no por “número de atenciones”. Al respecto existen experiencias como las de la Defensoría Penal Pública que financia variablemente el logro de metas cumplidas satisfactoriamente.

Por otro lado, no se conocen modificaciones al sistema de financiamiento de los programas ambulatorios, una caja negra del sistema. ¿Será correcto seguir financiando por “diagnóstico realizado” en los programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM)?

¿Será correcto técnica - y no económicamente - que algunos proyectos superen las 200 plazas de cobertura?

¿Será correcto seguir con las mismas formas de organizar los programas en todo el territorio?

Es de esperar que las reformas que aborden el tema se generen en torno a una claridad de los modelos de intervención programáticos y tomen en cuenta la serie de elementos mencionados. Los cuales no solamente se centran en las formas de financiamiento, sino en todas las funciones que hoy el Estado ha dejado de cumplir satisfactoriamente.