Cuenta Pública, ¿qué pasa con la Infancia?

Marcelo Sánchez

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Mañana, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, realizará la tradicional Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, esta vez en una fecha y condiciones distintas. Por lo que hemos vivido los últimos meses, es esperable que el protagonismo esté centrado en el tema previsional y en la reactivación económica.

Sin embargo, creemos necesario que junto con aportar con una mirada desde los desafíos y aprendizajes, en particular en relación a la crisis social y sanitaria, se refiera al estado de avance de uno de sus pilares de la propuesta de Gobierno, que dio origen a un transversal “Acuerdo por la Infancia” y que, en la contingencia ve al Congreso y al Ejecutivo enfrentados en un Veto al  “Servicio de Protección Especializado”, aprobado con amplio consenso y que, sin embargo, el instrumento presidencial cuestiona en más de 30 indicaciones.

Este punto no es menor precisamente, porque el veto va al corazón del proyecto en cuanto a eliminar gran parte de las facultades de fiscalización, el rol público, la responsabilidad corporativa, controles, auditorías externas, inhabilidades, reducción de conflicto de interés y otras disposiciones en relación a los Organismos Colaboradores,  ampliamente cuestionados en su desempeño por las graves vulneraciones establecidas, en informes de comisiones especiales Sename,  auditorías de organismos internacionales, del Poder Judicial y del Ministerio Público, entre otras.

Adicionalmente, el  “Acuerdo por la Infancia”,  si bien da cuenta de un importante nivel de avance cuantitativo respecto a las medidas del acuerdo, es necesario observar que para que los proyectos de infancia impliquen un cambio sustantivo, se requiere contar con un catálogo de derechos, mecanismos de exigibilidad, potestad administrativa e institucionalidad, que a la fecha no están sancionadas aún en el  Sistema de Protección Integral, que es el marco de referencia tanto para el Servicio de Reinserción como el de Protección.

También preocupa el bajo avance para contar con modelos de reunificación familiar y programas de calidad para familias de acogida, entendiendo que éstas son una alternativa mundial a los procesos de internación residencial y es muy importante avanzar en restituir el derecho de los niños institucionalizados a vivir en familia.  

En relación con los niños en situación de calle, si bien se materializó el conteo, no ha habido una respuesta clara sobre la oferta dispuesta para cada uno de ellos y, en particular, para quienes estaban en evidente vulneración grave, como las niñas embarazadas o los niños/as consumidores.

Preocupa, asimismo, los niños que estando bajo tutela del Estado, han abandonado residencias y no han sido buscados, existiendo miles de órdenes de búsqueda sin procesar, estando esos niños en el más alto riesgo de explotación y vulneración, más aún sin protección en medio de la crisis sanitaria.

Por otra parte, subsiste la necesidad de contar con oferta de calidad en materia preventiva, que tenga evidencia para implementar localmente, lo que dará un sentido integral a la puesta en marcha del sistema de alerta temprana.

Sin oferta preventiva de calidad, el sistema compromete su efectividad.

Por último, preocupa el escaso avance en las medidas comprometidas por el ministerio de Salud.

Es indudable que, en especial en adolescentes, estamos en una crisis de salud mental que no está dando respuesta y requiere de urgencia en los alcances de los distintos tipos de riesgos que afectan su salud, tales como la depresión y la ansiedad.

Hoy, la infancia precisa de renovar la voluntad inicial que el Gobierno manifestó el primer día de su mandato, se requiere de un liderazgo inagotable y comprometido que respete la dignidad de cada niño como sujeto de derechos, para que salgamos de la inercia que tiene en statu quo la legislación requerida y la gestión tan necesaria para cambiar la realidad de la infancia en nuestro país.