El Fondo del Libro y sus miserias
Cuando uno participa en los fondos concursables del Fondo del Libro tiene claro que se puede perder o ganar, y las decisiones de los evaluadores y los resultados se respetan y acatan. Pero lo que no se puede ni se debe respetar ni aceptar son las evaluaciones mal intencionadas, realizadas por evaluadores mala leche o incompetentes. Y menos aún se debe aceptar que el Consejo del Libro respalde tales prácticas. Y peor, que la Contraloría se haga cómplice de tales aberraciones. Los postulantes afectados deberían todos reclamar y solicitar transparencia y rectitud en el funcionamiento del Fondo del Libro, así como que sea auditado administrativamente. Hay que denunciar con nombre y apellido.
Ahora, todo esto que afirmo lo pude comprobar con documentos, por mi propia experiencia. Por Ley de Transparencia solicité los nombres de los evaluadores de los proyectos (2023-2024) que me fueron rechazados y las evaluaciones individuales de cada uno. Al leerlos pude comprobar la mala intención de algunos de ellos, los que finalmente impusieron sus criterios, lo que quedó demostrado al comparar las evaluaciones individuales con las evaluaciones colectivas.
Cuando uno lee, por ejemplo, los argumentos de los evaluadores Darío Ignacio Piña Piña, Andrea Viu Saphores y Eduardo Jiménez Labra, se pregunta ¿pero qué clase de intenciones los motivan? Porque en sus argumentos priman las descalificaciones, la discriminación, la cizaña, la odiosidad, la mentira, la vanidad del que se siente con el poder que cree que obtuvo en un cursillo de una sobrevalorada universidad yanqui o europea. En la comunidad literaria existen personajes que se creen con el derecho a dictar cátedra sobre lo bueno y lo malo en creación y edición, siendo que cuando les ha tocado ejercer en estos ámbitos ¡Válgame Dios! Con los documentos de las evaluaciones que menciono, y con los de cientos de otros concursantes, se podría hacer una antología de la mala intención.
Por otro lado, está el Consejo del Libro y la Lectura, que inexplicablemente ratifica las evaluaciones mal intencionadas y ruines, sin pudor alguno. Este consejo es encabezado por la actual secretaria ejecutiva, Aracelly Rojas Vallet, e integrado por la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Noela Salas Sharim; junto a Millaray Navarro Ayala, Paula Larraín Larraín, Omar Sarrás Jadue, Jorge Calvo Rojas, María de la Luz Ortega Hernández, Macarena Pérez Sánchez, Fernando Bravo Arenas, Jovana Skarmeta Bustos y Yenny Aris Castillo.
¿Para qué sirve este consejo, ya que no cumple a cabalidad con la función que indica la ley? Quienes controlan todo es un aparato-técnico-burocrático-administrativo que actúa de facto dentro del ministerio. No olvidarse del portonazo que le dieron a la laureada poeta Gladys González Solís cuando fue nombrada secretaria ejecutiva del Consejo del Libro, acción macabra avalada por las autoridades superiores y por el Presidente de la República, que hizo la vista gorda. Cómo será la desidia y maldad del consejo que no revisan las apelaciones, no las leen, dejándolas en manos de un aparato-jurídico-burocrático cuyo único argumento es citar bases y leyes como loros programados; es decir, no entienden en nada qué significa una apelación.
Menos lo entiende la secretaria ejecutiva, y si lo entiende es legítimo pensar en la mala intención. Entonces, dadas estas actitudes, resulta, por lo menos curioso, el que el aparato-jurídico-burocrático deje pasar rendiciones con facturas chanchulleras. Muy curioso.
La guinda de la torta la ha puesto, en lo que concierne, el señor contralor regional Carlos Alberto Frías Tapia, quien ante las denuncias opta por lo más fácil, tragarse todo lo que le indique la subsecretaria, la secretaria ejecutiva y el aparato-jurídico-burocrático, las respuestas de este señor reflejan que no analiza, no coteja argumentos, no refuta, no cumple. Es muy fácil darse cuenta de que opta por el camino del establishment. Es más, cuándo se le demuestra que las bases del fondo transgreden el Artículo 19 N° 22 de la Constitución vigente no es capaz de emitir un pronunciamiento. Esto demuestra que Contraloría no actúa de la misma manera ante los ciudadanos de a pie que ante los sectores del aparato estatal. Una vergüenza.
¿Y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados? Menos, nada más que una parafernalia de que fiscalizan y representan los intereses del pueblo (le tienen terror a esa palabra). La comisión no tiene ni quien responda el teléfono y cuando responden se corta. Esta comisión la integran los diputados Marta González, Gustavo Benavente, Alejandro Bernales, Nathalie Castillo, Sara Concha, Viviana Delgado, Jorge Durán, Eduardo Durán, Catalina Pérez, Daniela Serrano, Hotuiti Teao, Sebastián Videla y Gastón Von Mühlenbrock. De la Comisión de Cultura del Senado mejor ni hablar, es como si no existiese.
¿Y la SECh? Menos defiende los intereses de los escritores, su presidente, David Hevia, se dedica a sacarse selfies con las autoridades y prometer lo que le promete el gobierno. Un cero a la izquierda en cuanto a lo netamente gremial. Y, es más, SECh tiene dos representantes en el Consejo del Libro, María de la Luz Ortega y Jorge Calvo, pero la verdad es que tampoco.
¿Y el Presidente, que ama la literatura y llegó a cambiarlo todo? No sé, por los nombramientos y rumbo del Ministerio de la Cultura, da la impresión de que a veces cree que la letra "O" es una hallulla. En fin. Estamos hallullados con este ministerio.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado