El robo de la inocencia

Marcelo Sánchez

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Una pequeña niña recorre sigilosamente los pasillos de la tienda de artesanías en una ciudad costera para, bajo instrucciones de sus padres, esconder entre sus ropas las piezas que ellos, algunos metros más adelante, esperan vender al primer cliente dispuesto a aquella oferta, Ignorante que junto con una joya arrebatada va también la inocencia perdida de quien no merece estar ahí desprotegida y vulnerable.

Indigna y no solo porque los que deben cuidarla están ahí animándola en una trayectoria que tempranamente destruirá sus sueños y futuro. Ella y muchas otras niñas y niños en nuestro país están a merced de quienes -por distintas razones- los utilizan y desechan sin que nadie llegue antes para protegerlos. Hoy más de 6.000 niñas se estima que están en manos de redes de explotación sexual comercial infantil, cerca de 200.000 hacen trabajo fuera de la ley, con serio riesgo físico y emocional, y en solo un par de años, ha aumentado en un 45% la cantidad de niños involucrados en delitos violentos.

Desde principios del año pasado se encuentra vigente la ley 21.444 que modifica el Código Penal en el artículo 72 para sancionar a aquellas personas adultas que involucren en sus delitos a niños menores de edad. Por cierto, es un avance porque aumenta las sanciones y establece un mayor costo penal para el adulto, sin embargo, lo que permite transformar esta realidad va más allá de la persecución penal y de la sanción, es precisamente llegar antes y dejar de llegar tarde cuando la vulneración, el daño, ya se instalan inexorablemente en la vida del niño o niña sin la posibilidad de tener un desarrollo positivo hacia una adultez plena.

Durante el año 2022 vimos otros niños solos colgando de un balcón, en una barricada, corriendo en un portonazo, los vimos con cuchillos en sus manos defendiendo a su madre y también escuchamos la condena unánime de autoridades que pródigamente recorrieron los medios para repudiar estos hechos de la máxima gravedad. Mientras tanto, la exclusión escolar crecía un 24% en dos años, el consumo de alcohol y drogas marcaba el número 1 en América para nuestros escolares, la salud mental registraba un déficit de cobertura de 14.000 niños y las listas de espera en Mejor Niñez más que se duplicaba. Asimismo, el Sistema de Protección Integral, ampliamente celebrado a principios de año por instalar oficinas locales especializadas en "Prevenir", apenas tuvo una implementación marginal, muy lejos de las necesidades y expectativas con que partió una ley de garantías que tanto costó sacar adelante. Detrás de la niña de la tienda de artesanías, no solo están sus padres y cuidadores negligentes y vulneradores, sino todo un Estado incapaz de prevenir efectivamente y lograr que ella tenga la protección que las leyes y que la ciudadanía ha mandatado a los garantes hacer cumplir.