Familia, comunidad y Estado frente al desafío de la parentalidad
"¿Qué hicieron mal los padres?". Es una pregunta que surge, en la mayoría de los casos, cuando un niño, niña o adolescente transgrede alguna norma. Parece una reacción comprensible, pero también profundamente incompleta. La crianza nunca ocurre en el vacío: sucede en casas con más o menos tiempo, en hogares con más o menos problemas de diversa índole, en barrios con más o menos redes de apoyo y en países con más o menos políticas que entreguen apoyo a quienes cuidan. Hablar de competencias parentales sin abordar la corresponsabilidad es reducir el margen de acción.
Las competencias parentales, de las que se ha hablado bastante estas últimas semanas, a raíz del proyecto de ley de responsabilidad parental que se discute en el congreso, pueden ayudar a padres, madres y cuidadores a la hora de poner límites con calma, comunicarse efectivamente, regular las propias emociones frente a la frustración y, finalmente, lograr disfrutar del vínculo con los hijos. Estas habilidades no son necesariamente el resultado natural del ejercicio de la crianza, muchas veces es necesario aprenderlas, entrenarlas y fortalecerlas, igual que cualquier otra competencia humana. Y cuando los cuidadores cuentan con estrategias de crianza positiva, el efecto es doble: aumenta su propia satisfacción y bienestar, y disminuyen los conflictos y el malestar en niñas, niños y adolescentes. Invertir en competencias parentales es, en ese sentido, invertir simultáneamente en la salud mental de dos generaciones y en el beneficio de una comunidad completa.
La crianza ocurre dentro de un sistema de múltiples niveles que se influyen entre sí: quien ejerce la crianza, la familia en la que se ejerce ese cuidado, la comunidad que rodea a esa familia y la estructura del país que fija las condiciones de base, como el sistema de salud, acompañamiento, educación, etc. Tomando en cuenta todos estos elementos, el apoyo a la crianza tiene sentido y es necesario en todos y cada uno de esos niveles. Pensar que basta con "enseñar a los padres" deja a un lado una serie de variables como la falta de tiempo, de redes o de servicios accesibles.
Sin embargo, para que este apoyo funcione, tiene que cumplir algunas condiciones básicas: ser de acceso universal, efectivo (basado en evidencia y entregado por profesionales preparados), oportuno (llegar lo más tempranamente posible), ajustarse al nivel de intensidad que cada familia necesita y, sobre todo, quitar el estigma que muchas veces trae el pedir ayuda. Buscar apoyo para la crianza debería ser tan normal como asistir a un control sano o consultar con el pediatra cualquier otro aspecto del desarrollo de los hijos. Aun así, culturalmente se sigue instalando la idea de que pedir o recibir ayuda es reconocer un fracaso. Cambiar este supuesto es, quizás, tan importante como los programas mismos: cuando una madre, padre o cuidador busca y acepta ese apoyo, no significa que haya fallado, sino por el contrario, significa que está criando con responsabilidad.
En este sentido, la comunidad cumple un rol esencial. Los jardines infantiles, los establecimientos educacionales, los centros de salud y las municipalidades son los lugares a los que las familias suelen acceder, sin necesidad de buscar algo adicional que las prestaciones de cuidado, salud, estudios o servicios. Así, cuando esos espacios incorporan el apoyo para la crianza como parte de su oferta habitual, logran algo que ningún programa aislado puede conseguir por sí solo: llegar temprano y sin estigma.
Pero la comunidad necesita, a su vez, del Estado, que debe garantizar que esta oferta de apoyo para la crianza no dependa del lugar en el que una familia vive ni de sus medios económicos. Es su misión también coordinar entre los múltiples sectores y servicios responsables de promover y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin esa coordinación, el apoyo para la crianza queda disponible para algunos y ausente para la mayoría.
En definitiva, no se trata únicamente de bienestar familiar: es una decisión de política pública con retornos de largo plazo para la sociedad en su conjunto. Cada peso destinado a fortalecer competencias parentales es, en los hechos, una inversión en prevención, tanto de violencia como de problemas de salud mental, que resulta mucho más costosa de reparar después que de evitar a tiempo. Por eso tiene sentido que el apoyo para la crianza ocupe un lugar prioritario en el presupuesto nacional y en la agenda institucional, no como un gasto social, sino como una apuesta estratégica por el bienestar futuro del país.
Desarrollar competencias parentales no puede seguir siendo una tarea exclusiva de padres, madres y cuidadores. Es, finalmente, una responsabilidad compartida entre familias, comunidades y el Estado.