Olvidados de siempre

Marcelo Sánchez

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Quince días. Semanas de angustia, su madre se acerca a la reja y vuelve a preguntar una y otra vez si la niña ha vuelto. No hay respuesta o por lo menos no alguna que ella entienda. "Se están siguiendo los protocolos", "ya se avisó al tribunal", "ya hay orden de búsqueda", "si pasan 30 días la tenemos que egresar" es lo que ha escuchado como mantra del personal que la tenía bajo su cuidado.

El tribunal la separó de ella para que recibiera la rehabilitación que necesitaba con cuidado y compañía estrecha de los profesionales en una residencia especializada. Era el modelo, los estándares, la calidad que prometía una "Mejor Niñez" con personal especializado, el que en su gran mayoría venían del antiguo Sename, sin oferta ambulatoria disponible en medio de las listas de espera históricas que más que triplican las que habían en septiembre de 2021, con más de 14 mil niños sin atención en salud mental, con residencias que se cerraban por no poder atender perfiles derivados de tribunales a la fuerza, sin contar con las capacidades técnicas y los recursos necesarios para garantizar el bienestar de todos los niños.

Niños que abandonan el sistema de protección y que no son vistos por los garantes, entre 10 y 20 por ciento hoy salen de una residencia o un centro, a su suerte, a merced de redes de proxenetas y de contratistas del crimen organizado que, a cambio de drogas, los transforman en verdaderos zombies, involucrándolos en delitos violentos. Niños separados de sus padres, porque el Estado dijo que los iba a proteger. Después de un tiempo olvidados, hasta que un certificado de defunción los hace visibles. Niños que nadie busca, como se demostró en la Comisión de Personas Extraviadas, sin prioridad, asumiendo que era su "perfil de conducta". La evidencia mostraba que la eficacia en la búsqueda de un niño que abandonaba el sistema de protección, respecto a cualquier otro niño, era de 55% versus 94%. Para el Estado los niños no eran iguales.

Niños abandonados por quienes deben protegerlos, una orden de búsqueda entre miles que no se procesan y en donde llegamos tarde muy tarde. El 20 de octubre de 2022 se promulgó la Ley 21.500, conocida como "Ley de extraviados". Dicha norma debía contar con un reglamento expedido por el Ministerio del Interior, donde determinará una serie de elementos, como la información y la forma en que se realizará el ingreso de los datos (muy relevante para la gestión de las órdenes de búsqueda y recogimiento), así como indicar las entidades públicas o privadas que tendrán la calidad de organismos colaboradores y la forma en que aportarán información.

Sin embargo, el plazo para ello venció en abril. En consecuencia, como en muchas cosas, la niñez sigue esperando.