AMIA: no podemos perder la memoria
Cada 18 de julio a las 9:53 de la mañana, el tiempo parece detenerse, exactamente a la hora en que, hace 32 años, una bomba destruyó la sede de la AMIA en Buenos Aires. Exactamente a las 9:53 comienza el acto conmemorativo. Uno a uno se pronuncia los nombres de las 85 personas asesinadas. Porque mientras cada nombre vuelva a ser dicho, cada vida seguirá ocupando el lugar que el terrorismo intentó borrar para siempre.
Han pasado más de tres décadas. La justicia argentina ha establecido la responsabilidad de Irán y de integrantes de Hezbolá en la planificación y ejecución del atentado. Sin embargo, hasta hoy, nadie ha sido condenado.
Hay quienes creen que el paso del tiempo atenúa la gravedad de los hechos. Es un error. El tiempo no disminuye la responsabilidad. Porque cuando una democracia es incapaz de hacer comparecer ante la justicia a quienes planificaron un crimen de esta magnitud, no solo fracasa respecto del pasado. También debilita las certezas sobre las cuales pretende construir el futuro.
Por eso el lema escogido este año por la AMIA, "hoy no podemos perder la memoria", trasciende a la comunidad judía argentina. Es una advertencia dirigida a todas las sociedades democráticas. La memoria no consiste únicamente en recordar a quienes fueron asesinados y heridos. Consiste, sobre todo, en impedir que el olvido se transforme en una forma de absolución.
Los atentados terroristas buscan mucho más que provocar víctimas. Su propósito es alterar la vida colectiva mediante el miedo. No distinguen entre quienes profesan una religión, sostienen una determinada ideología o pertenecen a un grupo específico. Su blanco final es la población civil, la convivencia y la confianza que permite a una sociedad seguir funcionando. El terrorismo intenta convencer a los ciudadanos de que ningún espacio es seguro y de que la violencia puede imponerse por sobre todo.
Por esa razón, el derecho internacional considera que ataques como el perpetrado contra la AMIA constituyen crímenes de lesa humanidad. Son agresiones dirigidas contra la humanidad en su conjunto porque buscan destruir los principios mínimos que hacen posible la vida civilizada. Precisamente por ello son imprescriptibles. El paso de los años no extingue la obligación de investigar, juzgar y sancionar a sus responsables.
No es casual que esta categoría jurídica encuentre su origen en los Juicios de Núremberg. Tras el Holocausto, el mundo comprendió que existían crímenes cuya magnitud excedía las fronteras nacionales y cuya persecución constituía un deber de toda la comunidad internacional. Núremberg dejó una enseñanza decisiva: los responsables de atrocidades masivas no pueden refugiarse tras la soberanía de un Estado, ni tras su cargo, ni tras el paso del tiempo. La responsabilidad penal es individual y permanente.
La justicia argentina, al calificar el atentado contra la AMIA como un crimen de lesa humanidad, no solo reconoció la gravedad excepcional del ataque. También reafirmó ese principio fundamental: cuando el terrorismo asesina deliberadamente a civiles, el mundo entero tiene el deber de impedir que la impunidad se convierta en la última palabra.
Chile conoce el valor de la memoria. Nuestra propia historia nos ha enseñado que una democracia madura no teme mirar su pasado ni perseverar en la búsqueda de justicia. Esa misma convicción debe llevarnos a considerar el atentado contra la AMIA no como un hecho exclusivamente argentino, sino como un recordatorio para toda la región de que la impunidad frente al terrorismo termina debilitando a todas las democracias, sin excepción.
Treinta y dos años después, mientras no exista justicia, la herida seguirá sangrando una y otra vez recordando que tenemos una tarea pendiente. Porque olvidar puede ser involuntario. Pero aceptar la impunidad nunca puede ser una opción.