Crimen organizado: un fenómeno que exige una mirada regional
Frenar el asentamiento del crimen organizado en nuestro país requiere, necesariamente, de la coordinación estratégica de toda la institucionalidad del Estado, así como de la colaboración con otros países, -en especial de nuestra región-, ya que estos grupos no saben de fronteras para expandir sus actividades ilícitas.
Por ello, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hemos establecido valiosas instancias de acercamiento y cooperación con países cuyo aprendizaje y experiencia ante este fenómeno es vasta, lo que nos permite orientar de manera más certera nuestras acciones, por ejemplo, en el ámbito penitenciario.
Con ese objetivo, a principios de febrero encabecé una delegación a Brasil y Colombia, lo que nos proporcionó, por una parte, información y conocimiento de primera fuente sobre la gestión de espacios penitenciarios de máxima seguridad; y, como segundo aspecto, la posibilidad concreta de avanzar en un convenio de traslado de personas condenadas con Colombia.
A ello se suma la reciente gira por España e Italia, donde recogimos la experiencia de ambos países en gestión penitenciaria de alta seguridad, incluida una visita al penal de Rebibbia, en Roma, y un fructífero encuentro con el Procurador Nacional Antimafia italiano, Giovanni Melillo.
Y es que el sistema penitenciario cumple un rol clave en el control de las bandas de crimen organizado, razón por la que, junto con estos acercamientos a otras realidades, hemos implementado una serie de medidas relacionadas con las condiciones de reclusión de líderes e integrantes de estos grupos. Por ejemplo, el uso de celdas individuales, monitoreo permanente por circuito cerrado de tv, salida diferida a patio por 2 horas diarias, visitas a través de locutorio (evitando el contacto físico) y limitantes para el ingreso de encomiendas.
En esa misma línea, estamos evaluando implementar el uso de uniformes para este tipo de población penal y la creación de una fuerza especial de Gendarmería específicamente para máxima seguridad, estableciendo una serie de requisitos que consideramos imprescindibles para garantizar una adecuada gestión de estos espacios. Esperamos que esta iniciativa, actualmente en el Congreso, sea aprobada de manera transversal y expedita.
Estas medidas se suman a lo ya avanzado en este plano, con la habilitación de 600 plazas de máxima y alta seguridad durante este gobierno, como parte de nuestro Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria; la puesta en marcha de un sistema de inhibición de telefonía celular; la incorporación de tecnología para evitar el ingreso de elementos prohibidos a los recintos penitenciarios y de dispositivos antidrones, entre otras, como el desarrollo permanente de allanamientos masivos simultáneos.
De igual forma, el fortalecimiento de las capacidades de Gendarmería en materia de investigación criminal e inteligencia penitenciaria son clave para anticipar potenciales situaciones relacionadas con el modo de actuar de estos grupos criminales en nuestros establecimientos penales, evitando así el impacto que esto puede tener para la seguridad de toda la comunidad.
Como Gobierno, la decisión está tomada.
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