Debut y despedida, fin a la narcopolítica ahora
En las últimas semanas, la narcocultura se ha tomado la agenda mediática y, al parecer, los partidos políticos también. Gracias a un reportaje televisivo, una comuna del sector sur de la capital, San Ramón, volvió a estar en la palestra producto de supuestos vínculos del Partido Socialista (PS) con el narcotráfico y el clientelismo, lo que ha producido una gran tensión en la colectividad y en toda la política nacional.
Esta situación refleja la gran escalada del narcotráfico en los diferentes ámbitos del país. Hemos sido testigos de cómo este concepto se está vinculando fuertemente a la política, lo que, hasta hace algunos años, parecía totalmente ajeno a nuestro sistema democrático. El narcotráfico es un flagelo que afecta gravemente a la sociedad, y debe ser combatido con firmeza y audacia, sin vacilaciones, y ejerciendo todo el poderío institucional para castigar y prevenir estas conductas ilícitas.
Como actores políticos, no podemos permitir que la impunidad siga siendo el mejor aliado del financiamiento al crimen organizado. Debemos avanzar rápidamente en fortalecer las herramientas que permitan una investigación prolija y en profundidad, para cortar de raíz la narcopolítica.
De lo contrario, dejaremos a nuestra sociedad a merced de políticos que les deben favores a los narcotraficantes.
Es así como, junto a parlamentarios de diversos sectores políticos, presentamos un proyecto de ley que busca reformar nuestra Constitución Política, con el fin de equiparar el delito de narcotráfico al delito de terrorismo. Las sanciones consisten en una inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos, sean o no de elección popular; para ser rector o director de cualquier establecimiento educacional, sea escolar o universitario, así como para ejercer cualquier función de enseñanza; para trabajar o adquirir medios de comunicación o para ser dirigentes de organizaciones políticas, sociales o gremiales.
Chile está viviendo una grave crisis institucional que tiene en tela de juicio a entidades que debieran ser ejemplo de probidad: Carabineros, el Ejército, y la iglesia con su encubrimiento a casos de abusos sexuales.
Requerimos con urgencia un cambio de actitud, promoviendo acciones que detengan esta metástasis que, cual cáncer en su último estadio, deteriora a paso acelerado los órganos sociopolíticos de nuestra sociedad.
Con esta iniciativa parlamentaria buscamos poner fin al vínculo entre narcotraficantes y políticos de todos los estamentos, porque ha quedado de manifiesto que esto no es un hecho aislado, sino que es un fenómeno que ha alcanzado a altos niveles de nuestras instituciones de manera transversal, por lo que vamos a perseguir y sancionar duramente a quienes ensucien nuestro sistema democrático y nuestros partidos políticos, elementos esenciales para la representatividad y la legitimidad de nuestra democracia.
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