El fast track penitenciario
Un nuevo paso en el propósito de enfrentar el déficit de plazas carcelarias dimos en el Congreso Nacional el miércoles 12, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que "Exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios". Esta iniciativa, que presentamos a tramitación en diciembre del año pasado y que forma parte de nuestro Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, permite aplicar un estatuto especial a aquellas iniciativas que el Presidente de la República determine mediante un decreto supremo debidamente fundado.
Se prevé que con esta autorización legal podremos acortar el desarrollo de determinados proyectos en cerca de tres años, lo que es una contribución sustancial para enfrentar la sobrepoblación y el hacinamiento de algunos recintos penitenciarios, que se ha producido básicamente por el aumento de la prisión preventiva y las penas de mayor duración que se ha aplicado en los últimos años, además del deterioro de algunas construcciones por su larga data y por diversas otras razones, como por ejemplo los desastres naturales que han afectado al país. Hoy existen sobre 59 mil personas en las cárceles y la capacidad es de alrededor de 43 mil.
El cuerpo legal en tramitación es complementario a la normativa aprobada en 2023 (ley N° 21.636), que permite modificar los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales para poder llevar adelante la alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios existentes, como asimismo la construcción de recintos penitenciarios nuevos. Esto en atención a la máxima de que la comunidad exige continuamente la aplicación de la privación de libertad ante la comisión de un delito, pero que las cárceles no estén en su territorio.
Debemos considerar que el deterioro de su infraestructura o falta de esta dificulta la debida gestión penitenciaria y degrada las condiciones bajo las cuales trabajan los funcionarios de Gendarmería de Chile, lo que se traduce en un empeoramiento de las medidas de control y de seguridad.
La Política Penitenciaria que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha rediseñado considera que el país hoy requiere penales con medidas de seguridad modernas, establecimientos penitenciarios adecuados, personal capacitado y con buenas condiciones laborales para su desempeño y un modelo de reinserción social que facilite la preparación para que al terminar la privación de libertad las personas puedan optar a un camino diferente al del delito.
Es en este marco que se debe entender el plan de infraestructura que estamos llevando a la práctica, que se traduce en que desde el inicio del Gobierno del Presidente Boric a la fecha ya tenemos en operación 6 proyectos (Pozo Almonte, San Joaquín, Recinto de máxima seguridad de Santiago, Bulnes, Concepción y Río Bueno), con 2.327 plazas; 14 proyectos en desarrollo (Alto Hospicio, Antofagasta concesionado ampliación y densificación, Antofagasta CPF, Calama, Copiapó, La Serena, Santiago I ampliación, Rancagua ampliación y adulto mayor, Talca, Concepción densificación, La Unión y Puerto Montt), con 12.029 plazas nuevas. Además tenemos en evaluación técnica otras 14.459 plazas en distintos lugares del país.
Respecto de la iniciativa que esta semana pasó al Senado -que se le conoce como fast track penitenciario- fue pensada inicialmente para la alteración, ampliación o reparación de los complejos penitenciarios de Alto Hospicio, La Serena, Rancagua y Puerto Montt; del Centro de Cumplimiento Penitenciario (C.C.P.) de Antofagasta y del Centro de Detención Preventiva (C.D.P) Santiago I; y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en las comunas de Calama y Copiapó. Sin perjuicio de ello, también se podrá aplicar a otras propuestas.
Independientemente de las distintas perspectivas expuestas en la Cámara respecto del tema penitenciario, lo relevante es que se ha expresado un respaldo transversal a la idea de avanzar rápido en la concreción de una mayor cantidad de plazas penitenciarias. Nos proponemos exponer con mucha claridad en el Senado las razones por las que hay que apoyar la iniciativa, de manera que simplifiquemos los procedimientos y hagamos realidad pronto todos los proyectos.
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