La necesidad de que Chile cuente con una Ley de Educación Integral de la Sexualidad (EIS), que garantice acceso a información de calidad y que permita que todas las personas puedan vivir su sexualidad en condiciones de respeto y como una dimensión central de la calidad de vida, es un relato dicho hasta el cansancio en cada uno de los espacios que las organizaciones especialistas en derechos sexuales y derechos reproductivos hemos tenido.
Hemos mostrado evidencias contundentes que dan cuenta de la efectividad de la EIS en la protección de la vida de las niñeces, pero también en relación a cómo vivimos nuestra sexualidad todas las personas sin distinción de edad o discriminación de ningún tipo.
Lo hemos dicho en escenarios calmos y también en la turbulencia que nos deja el horror de saber que una niña está embarazada producto de una violación; o cuando conocemos de otra mujer que fue asesinada por su pareja reclamando la propiedad sobre su cuerpo y sus actos; o cuando sabemos que una mujer muere producto de una pastilla adulterada que compra en el mercado informal, porque de la ignorancia y la injusticia se lucra, y de esto tenemos muchos ejemplos.
Hoy nos encontramos en un escenario turbulento en el que cuesta estar y reaccionar. Nuevamente el poder político, los privilegios de clase, un sistema de justicia que no es tal, y el desprecio por las personas que no nos encontramos en esos espacios de poder nos golpea con el horror de la impunidad, con el dolor corporal y la vergüenza que sentimos ante una condena que no es tal, ante unas evidencias que se cuestionan, con un sistema que facilita irregularidades y espacios protegidos para delincuentes de "cuello y corbata".
Esta vez nos encontramos con que el acusado de perpetrar violencia sexual a niñas es padre de un parlamentario que está sentado en uno de los principales órganos de poder de la República. ¿Es eso relevante? Lo es desde todos los puntos de vista. Lo es porque este parlamentario de la Cámara Alta, vota, decide y aprueba políticas que nos involucran a todos y todas, incluyendo aquellas que protegen y resguardan los derechos de niñas, jóvenes y mujeres, las mismas que han sido vulneradas y desacreditadas.
Aprofa pronto cumplirá 60 años de existencia, y celebraremos por todos los avances que ha tenido este país en materia de derechos, pero la celebración incluirá la profunda convicción de que debemos seguir denunciando las vulneraciones que se permiten en este país, porque tenemos el convencimiento de que otro mundo es posible y no descansaremos hasta que los derechos humanos en general y los derechos sexuales y derechos reproductivos sean una realidad para todas las personas sin distinción de clase, raza, edad, género y orientación sexual.
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