Certeza y seguridad territorial: el valor de una institucionalidad robusta
Coescrita con los senadores Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA)
El reciente fallo del Tribunal Constitucional, que acogió la argumentación que presentamos frente a la arista medioambiental de la megarreforma, establece un precedente para la forma en que queremos concebir los grandes proyectos y atraer inversión a nuestro país.
Durante la tramitación del proyecto de ley advertimos a tiempo la gravedad del mecanismo que intentó imponer el Ejecutivo: una suerte de seguro a costa del Estado, que indemnizaba a los privados ante la anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Al declarar inconstitucional este esquema, el Tribunal ratificó un principio básico de gobernabilidad: que el Fisco no puede operar como un asegurador ciego que subsidia el riesgo empresarial, eludiendo la exigencia constitucional de causalidad y de perjuicio real.
El Gobierno impulsó esta legislación bajo la premisa de crear empleo y acelerar la inversión. Sin embargo, la certeza para el crecimiento jamás puede concebirse transfiriendo a todos los chilenos los costos de proyectos privados. Pensemos en cualquier megaproyecto inmobiliario o industrial, como aquellos emplazados sobre dunas o ecosistemas frágiles o cuencas vulnerables que, tras el paso del tiempo, demuestran su absoluta inviabilidad técnica al poner en riesgo a las comunidades. Bajo la lógica del mecanismo que intentó imponer el Ejecutivo, si un tribunal anulaba esos permisos por deficiencias de origen, todos los chilenos habríamos tenido que pagar los costos de una mala decisión.
Fijar límites normativos claros no es un freno al desarrollo; es la garantía que otorga certidumbre para el funcionamiento de una institucionalidad robusta. Un aparato estatal ágil es el mayor incentivo para el capital formal, pero el Estado jamás puede operar como un asegurador ciego frente a la vulnerabilidad de sus ecosistemas.
Este fallo invita a superar la falsa dicotomía entre avance económico y protección territorial y ambiental. La naturaleza es infraestructura crítica. Así quedó en evidencia durante los últimos temporales a lo largo del país, donde la presencia de humedales contuvo enormemente los embates de las lluvias. Sin la capacidad hidrológica de estas zonas, el impacto sobre comunidades rurales y urbanas habría sido inmanejable.
Ese es, en definitiva, el estándar que este fallo viene a instalar: el desarrollo que perdura no se construye sobre atajos regulatorios ni sobre seguros fiscales a proyectos mal concebidos, sino sobre reglas claras que dan certeza a la inversión y resguardan aquello que ninguna reconstrucción podría reponer. Integrar la naturaleza en el diseño de los grandes proyectos no es un obstáculo al crecimiento: es la garantía de que este sea, de verdad, próspero y seguro.