El proceso constituyente como oportunidad medioambiental
Si bien este es un proceso que no concita el mismo interés ciudadano y comunicacional que el primero, esto no quiere decir que sea menos relevante o importante para el futuro de nuestro país. Las preocupaciones de los chilenos se encuentran principalmente focalizadas en seguridad y el alza de los precios, que son tópicos que se deben abordar con seriedad y rigurosidad, pero que no nos deben nublar para colocar la agenda climática en el debate de corto y mediano plazo.
El cambio climático llegó para quedarse y salvo urgencia de cambio de los países que más contribuyen en las emisiones de gases de efecto invernadero, no hay vuelta atrás. La adaptación y mitigación es la clave. Con las recientes lluvias de la zona centro-sur del país pudimos evidenciar que aún falta mucho trabajo por hacer. Es por esto que será relevante la discusión medioambiental en la elaboración de una propuesta de nueva Constitución para Chile.
El texto elaborado por los expertos y que fue entregado al Consejo es fruto de un acuerdo que es más ambicioso que la Constitución vigente, pero menos detallada que el texto recientemente rechazado. El insumo preparado propone, entre otros, deberes del Estado en la conservación de la naturaleza y biodiversidad promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo. Señala que se podrán establecer restricciones específicas al ejercicio de determinado derecho o libertad para proteger el medio ambiente. En relación con los derechos al agua y al saneamiento, propone que el Estado debe garantizarlos para las generaciones actuales y futuras, esto último es un pilar fundamental del desarrollo sostenible, por lo que es destacable. Señala que es un bien nacional de uso público, no dejando con tanta claridad el proceso de concesiones de derechos de aprovechamiento, por lo que será fundamental realizar seguimiento ya que esto ha sido parte de las demandas y denuncias de diferentes comunidades a lo largo del país.
Por otra parte, elimina la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, lo que es positivo, así como también entrega el deber a los habitantes de la República de proteger el medio ambiente. ¿Es suficiente? No, pero incorpora importantes avances que deben ser perfeccionados.
El desafío es bidireccional, por un lado, los consejeros deberán ser capaces de escuchar y abrirse a incluir en el texto propuestas técnicas que no están representados en este insumo, así como también, de aquellos que la sociedad civil levantó a través de los diferentes procesos. Por otro lado, la sociedad en su conjunto deberá evaluar el texto, con el menor prejuicio posible, para desde ahí definir si los representa. Esto permitirá un texto más validado y con mayor probabilidad de aceptación, cosa diferente a lo que muestran las encuestas, donde el eventual rechazo tiene mayor aceptación.
Farrearse el proceso no es opción, y para no hacerlo, el sintonizar de buena manera con la temática medioambiental puede ser una clave para sumar a todos aquellos que no ven en este proceso una posibilidad de salir de la crisis política/institucional que se encuentra el país, lo que incluirá combatir a aquellos que han propiciado, sin ningún fundamento científico, el negacionismo climático.
El Consejo Constitucional debe abrirse a escuchar opiniones y legitimar sus decisiones en base al proceso participativo que tenía este proceso y para eso los ciudadanos debemos estar disponibles.
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