Incendios forestales y fetiches discursivos
El filósofo británico Roger Scruton en su libro "Filosofía verde" (2012) planteaba que a grandes rasgos existen dos formas de concebir la política. Están quienes la entienden como un proceso que busca la transformación social y con ello la transformación del ser humano; y están quienes entienden la política como un proceso encaminado a conciliar intereses, sin perseguir un telos particular. Esta separación también es aplicable a la política ambiental. De hecho, en el libro Scruton la menciona al analizar las distintas estrategias para lidiar con los conflictos ambientales modernos.
La referencia es pertinente al observar el debate que surge a partir de los incendios forestales de las regiones de Biobío y Ñuble. Tras la tragedia surgen rápidamente representantes del primer grupo antes mencionado que exigen transformaciones estructurales "en los territorios". Como representante de este grupo, la Sociedad Botánica de Chile en una carta abierta a raíz de los incendios recomendó, además de eliminar los monocultivos de pino y eucalipto, el desarrollo de una industria forestal basada en especies nativas, lo que parece una medida bastante indirecta para enfrentar estos flagelos. Otras organizaciones, en la misma línea, aprovechan de reflotar su cruzada por avanzar hacia un "nuevo modelo forestal para Chile" que, al igual que el llamado de los botánicos, se basa en el uso de especies nativas. Los cambios estructurales, sin embargo, no vienen con planilla de costos, probablemente porque no son costos que pagarán ellos.
Esto no debe sorprendernos, quienes defienden la política ambiental como un instrumento de transformación social, moral y ecológica, no paran en detalles. Insisten, como la Sociedad Botánica, en el fetiche de las especies nativas que no arden –ya me pronuncié sobre esto en una columna en este mismo espacio hace dos años- un fetiche absolutamente delirante. Ahora el nuevo fetiche son los cortafuegos de 500 metros de ancho. Los mencionó en su momento el exsenador Alejandro Navarro a raíz de los incendios del 2017. "Partamos con 500 metros" propuso en el Senado. A raíz de los incendios de la temporada 2022-2023 el exministro de Agricultura Esteban Valenzuela propuso en una sesión en el Congreso, no una, sino varias veces, la obligación de establecer cortafuegos de 300 metros de ancho -las sesiones están grabadas y son de acceso público-. Ahora la Presidenta del Colegio de Geógrafas y Geógrafos planteó también cortafuegos de 500 metros de ancho a través de la prensa.
¿Saben cuánto son 500 metros? ¿Saben el costo de despejar la vegetación en una franja de 500 metros, o de 300 metros o de 100 metros? ¿el costo de mantener permanentemente esa franja descubierta de vegetación? ¿El costo de oportunidad de un privado de excluir de uso productivo esa superficie? Con una franja de 500 metros para un propietario que posea una interfaz de 200 metros colindando con viviendas eso significa diez hectáreas. Alguien podrá afirmar que esas opiniones son desinformadas y que los cortafuegos no deben tener anchos superiores a 30 metros. Sin embargo, esa desinformación es originada en autoridades políticas y técnicas.
A propósito de detalles, tampoco nadie puede garantizar, el Estado menos que nadie, que esas franjas no sean ocupadas por quienes viven en la interfaz, o incluso por quienes no viven en la interfaz y se trasladan a ella para aprovechar la "oportunidad". El uso irregular la superficie destinada a cortafuegos es una realidad largamente denunciada por propietarios y que el proyecto de ley de prevención de incendios forestales omite.
Por otra parte, la política que busca conciliar intereses, de acuerdo con la clasificación de Scruton, está ausente del debate. Conciliar el uso productivo de terrenos privados, con la legitima aspiración a la seguridad de quienes viven en asentamientos urbanos en la interfaz y con la responsabilidad que le cabe al Estado en la erradicación de asentamientos irregulares en zonas de riesgo. Todos ellos son objetivos que no interactúan en una propuesta de solución.
La planificación territorial que implica erradicación es una medida extremadamente compleja, que excede los cuatro años de un gobierno y por lo tanto no es rentable políticamente. Significa desalojos masivos, protestas de pobladores, vigilancia permanente para evitar nuevas instalaciones irregulares, que inevitablemente ocurrirán. Toda nuestra experiencia en los últimos cinco o seis años nos ha enseñado que la población está más dispuesta al incumplimiento de las normas que a su cumplimiento. Es una medida que solo significa costo económico y político. Luego, no ocurrirá.
En cambio, la estrategia establecida en el proyecto de ley de incendios forestales es pura ganancia para la autoridad. Obligar a los propietarios forestales o agrícolas a realizar y mantener cortafuegos a su propio costo, y en caso de incumplimiento, multarlos. Si los incendios se escapan y queman viviendas, apelar a la irresponsabilidad de los propietarios y sus árboles altamente inflamables. No es extraño que el proyecto no venga acompañado de recursos. No los necesita. Le transfiere la responsabilidad y el costo a privados que, no nos cansamos de repetir, no son quienes producen los incendios.
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