Playas y mascotas: una oportunidad para ordenar
En las últimas temporadas estivales, el debate sobre el ingreso de perros a las playas ha reaparecido con fuerza en distintas comunas del país. Prohibiciones, flexibilizaciones parciales, ordenanzas municipales disímiles y conflictos entre usuarios reflejan una discusión que más allá de lo anecdótico, evidencia una carencia estructural: la ausencia de criterios comunes para gestionar un fenómeno social que llegó para quedarse.
La relación de las personas con sus mascotas ha cambiado significativamente en la última década. Viajar con ellas ya no es excepcional. En muchos hogares son parte integral de la familia, y esa realidad se expresa también en los desplazamientos turísticos. Desconocer este cambio cultural solo alimenta la informalidad y la tensión en los espacios públicos.
Sin embargo, la respuesta no puede ser la permisividad irrestricta. Las playas son bienes nacionales de uso público, espacios de alta sensibilidad ambiental y, en muchos casos, el principal activo turístico de las comunas costeras. Su gestión exige equilibrio.
Hoy el país enfrenta un escenario fragmentado. Cada municipio regula de manera autónoma, con criterios y estándares distintos. En algunas comunas existe prohibición total; en otras, restricciones horarias; en otras, simplemente ausencia de fiscalización. Esta dispersión genera incertidumbre, dificulta el cumplimiento y expone a las autoridades locales a conflictos recurrentes.
La experiencia internacional ofrece aprendizajes relevantes. En diversos países se ha optado por esquemas de zonificación: habilitación de sectores específicos para mascotas, horarios diferenciados en temporada alta, exigencia de correa y retiro obligatorio de desechos, junto con sanciones efectivas. No se trata de elegir entre prohibir o permitir, sino de gestionar con reglas claras.
Chile debiese avanzar en esa dirección. Un primer paso razonable sería contar con lineamientos nacionales orientadores que entreguen criterios mínimos a los municipios: estándares de señalética, protocolos sanitarios, criterios ambientales y mecanismos de fiscalización. Ello no implica restar autonomía local, sino ofrecer un marco que reduzca la discrecionalidad y eleve el estándar de gestión.
Al mismo tiempo, en destinos de alta demanda turística, la habilitación de al menos un sector formalmente destinado a mascotas podría contribuir a ordenar el uso del espacio público y disminuir los conflictos. En contrapartida, en áreas protegidas o de alta fragilidad ecológica, la restricción debiese mantenerse con mayor claridad y fiscalización.
Este debate no es menor. Habla de cómo administramos bienes públicos escasos, de cómo conciliamos derechos y responsabilidades, y de cómo fortalecemos la gobernanza territorial en contextos de alta presión turística.
Si aspiramos a consolidar al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo del país, debemos abordar también estas materias cotidianas que inciden en la experiencia de quienes visitan nuestros destinos y en la calidad de vida de quienes los habitan.
Ordenar no es prohibir; es establecer reglas claras, equilibradas y cumplibles. Y en esa tarea, más que polarización, se requiere planificación y sentido común.
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