¿Necesitamos a TVN?

Pedro Fierro

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El presidente de TVN, Francisco Vidal, ha señalado con claridad que la señal pública enfrentó pérdidas de 10 mil millones de pesos durante el primer semestre, acumulando 3.300 millones en disminución de ventas, 3.100 millones en aumentos de costos y 2.200 millones en impuestos diferidos. Parte del análisis parece claro para el mandamás de la institución, quien sostiene que deben autofinanciarse vía publicidad y que las señales abiertas enfrentan una crisis al respecto. Las cifras que él mismo entrega son elocuentes, pues el año pasado se habrían invertido 900 mil millones en Chile, de los cuales 52% se fue a medios digitales y solo 25% a la TV abierta.

Hasta aquí, el exministro Vidal hace un muy buen diagnóstico. Está en un rubro que depende de la publicidad y que, en los últimos años, ha experimentado una constante pérdida de interés por parte de los auspiciadores. El problema, sin embargo, viene después. En vez de preguntarse lo lógico -¿corresponde insistir en una iniciativa insostenible?-, opta por centrarse únicamente en la sobrevivencia. Aquí parece radicar el principal conflicto y, para comprenderlo, podríamos descansar en el ejemplo del Reino Unido.

Hace algunos días, Sky News dio a conocer un extenso reportaje sobre Claire (nombre ficticio), una mujer de treinta y tantos años, madre de dos hijos y dueña de casa, quien por estos días atraviesa una persecución penal por el no pago de la licencia de TV. Recientemente, Claire se quedó sola luego de que su marido fuera condenado por violencia doméstica, situación que aún la tiene sin el control de las finanzas familiares. A raíz de lo anterior, hoy enfrenta acciones penales y debe pagar al fisco cerca de un millón de pesos en multas, por lo que se encuentra medicada y con problemas psiquiátricos por todo lo vivido.

El sistema británico es algo complejo, pero, en resumen, cada hogar que decida sintonizar la TV pública debe pagar algo así como 200.000 pesos chilenos al año, lo que representa el principal financiamiento de la BBC. Todos pagan lo mismo, sean familias ricas o vulnerables. En ese marco, el caso de Claire ha puesto de relieve un problema mayor: La mayoría de los deudores son mujeres, muchas de ellas madres solteras que presentan serias dificultades para financiar el monto solicitado.

Por cierto, el reportaje referido terminaba alejándose del caso particular de Claire y enfocándose más bien en los diversos cuestionamientos que han surgido respecto del actual esquema de financiamiento de un sistema que ha sido incapaz de alcanzar la sostenibilidad. Como vemos, el problema británico no es la publicidad, pero aun así comparte la raíz del dilema chileno: En la actualidad, ¿es sostenible la TV pública?

De momento, seguimos preguntándonos cómo podemos financiar el actual sistema, con algunos actores más osados que están pensando "fuera de la caja", mirando modelos completamente distintos y esperando encontrar alternativas. Sin embargo, la interrogante que se ha evadido constantemente es algo más profunda: ¿Cuál es el rol del Estado en este nuevo sistema de información, donde los canales tradicionales han ido perdiendo fuerza, confianza y credibilidad?

Se trata de un asunto bastante más incómodo porque no asume la existencia de una televisión pública. Pero al mismo tiempo, también es una interrogante que no pone en tela de juicio el rol del Estado en nuestro sistema informativo, sino que todo lo contrario, lo resalta. Dicho de otra forma, si lo que buscamos es el aseguramiento de la pluralidad y la promoción de la información veraz y oportuna, entonces discutamos sobre el rol más eficiente y eficaz del Estado en el cumplimiento de esa tarea, respetando siempre la pluralidad y la libertad.

No nos enamoremos de la solución -que parece no estar funcionando-, sino más bien del problema.