TVN en la encrucijada

Mauro Lombardi

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El regreso de la democracia, hace ya lejanos 33 años, levantó desafíos múltiples en casi todos los ámbitos del país. Uno de ellos fue reconstruir TVN. Esto no solo significaba volver a hacer viable económicamente la estación, sino que, y primero que todo, rearmar una credibilidad que en ese momento estaba en el suelo. El canal rozaba la quiebra al adeudar 9 veces su patrimonio, además solo unos pocos lo veían y aún menos le creían.

Comenzó entonces un lento peregrinar hacia rearmar un canal que cumpliera un rol público, que fuera creíble y que, además, se pudiera sostener económicamente. La guinda de la torta fue la ley de autonomía de TVN -promulgada en abril de 1992- donde se establecía, entre otras cosas, que el canal contaría con un directorio de siete miembros, ratificados por el Senado para garantizar el pluralismo, y cuyo presidente sería nombrado por el Presidente de la República, más un representante de los trabajadores con derecho a voz, pero no a voto.

La virtud de la ley era que establecía un sistema de gobierno autónomo, para evitar las manipulaciones conocidas de otro tiempo y que habían dejado a la señal al arbitrio de las voluntades y caprichos del gobierno de turno. Era una garantía fundamental para recuperar una credibilidad trizada. Así comenzó una época dorada en TVN donde, no pocas veces, y dada la influencia y el prestigio, se despertó el apetito de partidos políticos y empresarios que más de algún guiño hicieron para que el canal fuera privatizado. Nunca se cedió un milímetro en esto.

Hoy se nombra a Francisco Vidal como presidente de directorio, quien en su primera alocución coloca, al menos, un manto de duda sobre lo que viene. En sus palabras, visualiza un canal al servicio del gobierno de turno (justo lo que se quiso evitar con la ley), que debe mostrar toda acción oficial sin importar su condición noticiosa o no. En sus palabras no se hace un distingo entre ser un canal público y ser un canal oficial. Parece ser lo mismo. Sin embargo, no lo es. Y entender esa diferencia es fundamental.

Lo público no se refiere a lo presidencial, sino a bienes públicos que deben ser protegidos, ya que son intereses comunes y cruzan toda la sociedad. Entre ellos, la protección de la democracia (por eso TVN debe transmitir toda elección popular obligatoriamente), tener canales regionales distribuidos a lo largo del país sin importar si estos son rentables o no, representar a todas las culturas en la pantalla, entre otras cosas.

TVN es hoy el único canal con misión en Chile. Cualquier otro es libre de transmitir lo que estime conveniente, pero aquí hay un mandato legal y de la ciudadanía, no del Presidente, que obliga a sus autoridades y protege a las audiencias del uso y manipulación de la información. Eso es lo que lo transforma en una fuente confiable de información y entretención, y eso es lo que construye nuestra identidad y nuestra cultura. Por eso es importante cuidarlo, ya que la pérdida de su autonomía es un daño no solo a TVN, sino que a toda la sociedad chilena.