Corrupción: menos comisiones, más efectividad
El Índice de Percepción de la Corrupción del año 2023, publicado recientemente por la ONG Transparencia Internacional, revela un preocupante estancamiento y la pérdida del liderazgo regional de Chile en esta materia. Según el informe, esta situación se atribuye tanto a los escándalos que han afectado a casi todo el espectro político, como a problemas estructurales en la prevención y sanción de la corrupción.
Desde la Comisión Presidencial Anticorrupción -la "Comisión Engel"- en 2015, junto con las iniciativas gubernamentales subsiguientes, se han adoptado medidas para enfrentar estos desafíos estructurales. No obstante, la situación actual indica que el problema podría estar en factores que restringen la efectividad de estas acciones. Sobre este debate, es relevante considerar dos elementos.
El primero es lo que los académicos Daniel Kaufman y Pedro Vicente definieron como "corrupción legal". Este término alude a la forma en que prácticas altamente cuestionables (o directamente corruptas) se resguardan bajo el manto de la legalidad mediante leyes o normativas vigentes. Esto permite que determinados grupos de poder ajusten el sistema a su favor, legitimando acciones ventajosas, tales como la insuficiente regulación del financiamiento de campañas políticas o del tránsito de individuos entre el espacio público y el privado, conocido como "puerta giratoria"; entre otras. En Chile, ejemplos de lo anterior incluyen el ineficaz control de los conflictos de interés y la regulación del controvertido lobby, casos que complican los esfuerzos para reducir la influencia del dinero en la política.
El segundo aspecto se enfoca en la limitada transparencia y acceso a los beneficiarios finales de entidades corporativas. El abuso de la economía legal para encubrir actos de corrupción y delitos relacionados es un desafío central a nivel global. Por ejemplo, datos de la Oficina Europea de Policía muestran que el 80% de las organizaciones criminales en la Unión Europea utilizan empresas legítimas para ocultar sus actividades, y cerca del 60% de estas están vinculadas a alguna forma de corrupción. El acceso oportuno a los verdaderos beneficiarios de empresas y otras entidades corporativas favorece la tarea de las autoridades en rastrear los movimientos de fondos ilícitos. En este marco, la implementación de registros nacionales de beneficiarios se ha establecido como un estándar internacional. Actualmente, nuestro país cuenta solo con un proyecto de ley en este tema.
El reciente resultado del índice de TI es un llamado urgente a mejorar la capacidad nacional en la lucha contra la corrupción. Y esto involucra, más que seguir generando nuevas comisiones o agendas, abordar el asunto de la efectividad de la regulación, eliminando ambigüedades y reforzando el control y la transparencia especialmente en el ámbito corporativo. Algunas prioridades son el fortalecimiento la ley de lobby, y la creación de un registro de beneficiarios finales que garantice la verificación sistemática de la información proporcionada. Abrir este registro a la sociedad civil es una excelente alternativa para ayudar en la identificación de inconsistencias en los datos y otros riesgos.
Finalmente, la voluntad y colaboración entre el gobierno y el sector privado es esencial para formar un frente unido contra la corrupción y generar medidas eficaces. Se debe entender que este desafío no se reduce solo a un problema de probidad en lo público, sino que, en el contexto de una crisis de seguridad, los vacíos dejados pueden ser explotados por grupos criminales con mayores ambiciones. Si el dinero siempre tiene la última palabra en la política, el crimen organizado puede condicionarla.
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