Creación del Ministerio de Seguridad Pública y el desafío de la cooperación interagencias

Luis Ruz

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^{Coescrita con Pablo Ortiz, investigador asociado del CDC}

¡Al fin! Tenemos Ministerio de Seguridad Pública. Luego de una larga tramitación legislativa, se ha aprobado la creación de este nuevo ministerio. La votación a favor del informe de la comisión mixta en el Senado y también en la Cámara de Diputados/as da cuenta de un extenso y ripioso camino para llegar hasta aquí. Sin duda, se trata de uno de los proyectos centrales de la agenda de seguridad. Esto representa un hito significativo en esta materia, pues nos dotará de una nueva institucionalidad que permitirá abordar con mayor eficacia la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y otras posibles amenazas a la seguridad interna, como el terrorismo.

Desde una perspectiva política, este avance es meritorio, considerando que esta nueva arquitectura, cuyos últimos detalles se resolvieron en la comisión mixta integrada por senadores de la comisión de Seguridad Pública y diputados de la comisión de Seguridad Ciudadana, se produce a pesar de la profunda polarización política. Parecía que ningún sector político estaba dispuesto a conceder logros al "adversario". No obstante, el resultado será lo más cercano a una posición de Estado para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

¿Qué implica este nuevo ministerio? La verdad, es que mucho. El nuevo Ministerio de Seguridad Pública será el encargado de garantizar la seguridad y el orden público, así como de prevenir los delitos. Además, tendrá la responsabilidad de elaborar la estrategia nacional contra el terrorismo, la política para combatir el crimen organizado y la política de resguardo de nuestras fronteras. En todas estas acciones, se priorizará la coordinación interinstitucional, un principio fundamental que quedará consagrado en la normativa. En este sentido, la experiencia internacional demuestra que la cooperación entre diferentes actores no es un acto de buena voluntad, sino una obligación imperativa para abordar la problemática de seguridad.

El trabajo integrado y colaborativo de los diversos actores involucrados en la seguridad, desde la prevención hasta la sanción de los delitos, es esencial, sobre todo considerando el carácter multidimensional de los riesgos y amenazas que pueden afectar el bienestar de la población. Por ejemplo, es indiscutible la relevancia de fortalecer las policías, pero también es cierto que el Estado debe asumir un rol activo y urgente en variables sociales sensibles, como la reducción de la deserción escolar, para evitar el reclutamiento temprano de niños y jóvenes por parte del crimen organizado. Otro ejemplo que da cuenta esta complejidad dice relación con la cada vez más difusa línea que separa el crimen organizado de las acciones terroristas, ya que existe abundante evidencia de las alianzas e intercambios de información entre bandas criminales y organizaciones terroristas. Esta complejidad exige una mirada global y una respuesta coordinada del Estado. De otro modo, se hace imposible enfrentar bandas con capacidades y recursos que no habíamos conocido en nuestro país.

En el plano de la coordinación interagencial, gran parte de las expectativas se centrarán en el desempeño del "Sistema de Seguridad Pública", instancia estratégica integrada por diversos organismos públicos y privadas que deberán articularse para garantizar la seguridad y el orden público. Aquí la clave será la acción coordinada. El Ministerio de Seguridad Pública será el responsable de coordinar todos los actores integrantes del sistema en el contexto de las distintas instancias estratégicas de colaboración que contemplará la nueva ley, ya sea a nivel interministerial o territorial.

Otra instancia estratégica donde se desarrollará el trabajo colaborativo y donde también habrá expectativas sobre su desempeño será el "Consejo Nacional de Seguridad Pública", integrado por diversos ministerios, la Corte Suprema, el Ministerio Público, representantes del Congreso, las policías, entre otros. Su rol será consultivo y asesor del Ministro de Seguridad Pública en la formulación de la Política Nacional de Seguridad Pública, lo cual debería garantizar la mirada global en este importante instrumento de planificación.

Si bien es cierto, la creación del Ministerio de Seguridad Pública es un avance notable y ampliamente esperado, también es conveniente tener en perspectiva algunos desafíos:

• Primero, en la implementación de esta nueva arquitectura puede haber errores o fallas que serán necesario corregir, sin que aquello sea motivo de una crisis institucional
• Segundo, la ciudadanía espera resultados rápidos y concretos sobre el control de la delincuencia, lo que generará expectativas de corto plazo sobre la instalación de esta nueva institucionalidad. El manejo de estas expectativas es un ámbito que se deberá ponderar y administrar ante la opinión pública y los ciudadanos que esperan resultados. No habrá luna miel
• Tercero, la relación de las policías, sobre todo de Carabineros de Chile con esta nueva institucionalidad, también será un desafío en lo que respecta a la coordinación regional, es decir, con seremis, delegados presidenciales y provinciales. Debemos tener en consideración que Carabineros, al ser una policía de estructura y cultura militar, responde a una relación clásica con el mando (unidad de mando y propósito), en consecuencia, la desagregación del mando a nivel territorial puede generar espacios de confusión o tensión que deben ser previstos con anticipación
• Cuarto, a propósito de la exigencia de los gobernadores regionales, es atendible la exigencia de tener un rol de mayor importancia en el nivel subnacional particularmente en las acciones locales de prevención del delito. Frente a una crisis tan compleja como la que vivimos, no es razonable excluir a un actor que cuenta con la legitimidad ciudadana y que tiene la capacidad de aportar en acciones concretas coordinados con las municipalidades. Sin perjuicio de lo anterior, también parece razonable que en materia de seguridad existe una centralidad de mando que articule la política en esta materia.

En suma, la creación del Ministerio de Seguridad Pública representa un avance significativo para abordar los complejos desafíos en materia de seguridad que hoy enfrentamos. Sin embargo, el éxito dependerá en gran medida de la capacidad del naciente ministerio para construir una visión común y promover la colaboración entre todos los actores involucrados. Es lo que hemos planteado en diversas oportunidades al decir que la seguridad debe ser siempre abordada desde la lógica de una política pública de Estado que supere la contingencia y las agendas políticas particulares. La creación del Ministerio de Seguridad Púbica es una prueba de aquello.