Cuidado con el Caballo de Troya del gobierno

La Dirección del Trabajo está próxima a cumplir sus 95 años de existencia, y sin duda constituye un actor central en nuestro sistema de relaciones laborales. Caracterizada por su misión de promover y velar por el respeto a los principios y normas del derecho del trabajo, en un ámbito de alta complejidad, como es aquel en el cual se encuentran trabajo y capital en pos de producir y prestar servicios.

En un país caracterizado por los fuertes desequilibrios sociales, desigual distribución de la riqueza, bajo nivel de salarios, extensas jornadas de trabajo, un 30% de informalidad, unido todo esto a la débil posición de los sindicatos y baja cultura de negociación de los empleadores, esta institución fiscalizadora, debe afrontar múltiples tareas, que en el día a día exige a sus funcionarios y funcionarias tener que atender a ciudadanos trabajadores que acuden con la legítima expectativa de encontrar una respuesta del Estado, pero por cierto por la enorme cantidad de requerimientos, así como la complejidad y diversidad de situaciones, no siempre es posible dar la respuesta esperada o en ocasiones esta llega demasiado tarde.

Por lo dicho se justifica plenamente el proceso de modernización de la Dirección del Trabajo, buscando satisfacer las legítimas necesidades y demandas históricas de los funcionarios (en la Administración del Estado parece más valorada la fiscalización del ámbito financiero que la de las relaciones laborales), así como mejorar sustantivamente la calidad y oportunidad del servicio prestado a los usuarios, trabajadores, sindicatos y empleadores, que se relacionan con la Dirección del Trabajo.

Un aspecto central en la modernización debe ser el fortalecimiento sustantivo de la labor de fiscalización, aplicando las nuevas tecnologías del conocimiento, los modelos predictivos, el telecontrol del cumplimiento de la normativa laboral, focalizar en los infractores contumaces y asistir a quienes inician un nuevo emprendimiento o a las empresas de menor tamaño que carecen de la asistencia profesional calificada. Son muchos los desafíos.

Por ello en la gestión bajo el Gobierno de la Presidenta Bachelet dimos inicio a este proceso abordando todas estas dimensiones, siendo presentado un proyecto de ley el mes de septiembre del año 2017.

El Gobierno optó por presentar un nuevo proyecto, manteniendo algunos de los contenidos de la propuesta Bachelet, omitiendo otros, e incorporando nuevas materias. Bajo la apariencia de un proyecto de innegable relevancia para garantizar el respeto a los derechos laborales, “regalo” merecido para los trabajadores, sus organizaciones y por cierto para los funcionarios de la institución, se abrió mostrando el despliegue de una maniobra legislativa dirigida a traicionar precisamente la función principal de la Dirección del Trabajo.

En efecto, se incluyen cambios sustantivos a las normas de Servicios mínimos, primero ampliando exorbitantemente los casos en que estos se pueden autorizar.

Por ejemplo, incluye la protección de los bienes incorporales. Un típico bien incorporal son las acciones de una sociedad, por tanto, si una huelga pudiera afectar el valor de las acciones, debería otorgarse servicio mínimo. Por cierto, esto podría ocurrir en casi todas las empresas en que se negocia colectivamente.

Agrega también las “especies vivas”, la solución para todas la empresas de la salmonicultura y ganadería. Incluye el “abastecimiento de alimentos”, solución para todas las grandes cadenas de supermercados. Así el Gobierno propone una norma a la medida de todas las grandes empresas y grupos económicos.

Por otra parte, quita a la Dirección del Trabajo la facultad de calificar los servicios mínimos en las empresas de 200 o más trabajadores, que son las que negocian colectivamente, externalizándola, entregándola a un panel “técnico” de “expertos”, poniendo el énfasis en la experiencia y formación en “el rubro o actividad económica de la empresa”, respecto de la cual se deban calificar los servicios mínimos.

Aquí se evidencia como el ministro del Trabajo entiende los servicios mínimos, como un instrumento de las empresas para seguir funcionando con desprecio de la huelga, una regulación desde el interés de las empresas y no desde el ejercicio del derecho de libertad sindical de los trabajadores.

Desconoce que estamos tratando de un derecho fundamental de los trabajadores, que admite límites, y por ello la determinación de los límites debe analizarse desde la perspectiva laboral, con insumos de otras entidades o informes de especialistas, pero la calificación y decisión debe estar radicada en una institución especialista en regulación laboral.

Lo sorprendente e indignante, es que se enmascare en la necesaria modernización de la Dirección del Trabajo, un retroceso tan sustantivo en los derechos sindicales, fortaleciendo el ya extremo poder empresarial, y debilitando la acción sindical.

Es incomprensible la falta de respeto por la institución Dirección del Trabajo, la falta de consideración para con sus funcionarios, utilizándolos para modificar normas que nada tienen que ver con la modernización institucional, como es por ejemplo afectar los fueros sindicales o los ya señalados servicios mínimos.

Una vez más, el mundo sindical enfrenta un intento de retroceso en las conquistas y avances en el reconocimiento de sus derechos.

La paradoja es que el Gobierno utilice la modernización de la Dirección del Trabajo y las legítimas aspiraciones de sus funcionarios para retroceder en la modernización de los derechos sindicales.

Sin duda esto no es aceptable para los trabajadores y vulnera la dignidad de los funcionarios de la Dirección del Trabajo.

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