Democracia incompleta: las personas con discapacidad y el derecho a decidir
La participación electoral en Chile continúa siendo motivo de preocupación. Más allá de las cifras generales, persisten preguntas esenciales que rara vez se abordan con suficiente profundidad. ¿Quiénes pueden ejercer efectivamente su derecho a voto? ¿Quiénes quedan excluidos del proceso democrático por razones estructurales, más allá de la voluntad individual?
El Censo 2024 reveló hace unos días que 11,1% de la población de cinco años o más vive con alguna discapacidad. Esto equivale a casi dos millones de personas, muchas de las cuales enfrentan barreras físicas, comunicacionales y sociales que dificultan su participación política en igualdad de condiciones.
Aunque toda persona mayor de 18 años tiene derecho a sufragio, las condiciones materiales para ejercerlo siguen siendo desiguales. Las personas con discapacidad deben enfrentar locales de votación sin accesos adecuados, señalética no comprensible o inexistente, pero quizás aún algo más básico y prioritario, la falta de accesibilidad universal y transporte para lograr llegar a estos.
Si bien desde el 2020, junto con otras organizaciones de la Sociedad Civil comenzamos a colaborar con Servel y hemos sido testigos de su voluntad para generar un acceso igualitario, aún persisten, por diversas razones, barreras para que realmente exista la tan anhelada igualdad de oportunidades y condiciones.
Algunos de los desafíos pendientes son la falta de difusión y alcance de las medidas y protocolos de acceso, el diseño universal, el mejorar la capacitación cívica de este grupo de la población, y el formar y concientizar, correcta y masivamente, en inclusión a vocales de mesa y otros organismos que participan en el proceso electoral. Pero, en especial, aún no logramos derribar, como sociedad, la gran barrera cultural y de relacionamiento hacia las personas con discapacidad, como también hacia otros grupos de la diversidad.
A esta situación se suma una brecha educativa persistente. El mismo Censo indica que las personas mayores de 18 años con discapacidad tienen un promedio de escolaridad de 8,9 años, frente a los 12,1 del resto de la población. Esta diferencia reduce el acceso a contenidos cívicos y políticos, y limita las posibilidades de incidir en los asuntos públicos.
Si la participación general ya es baja, cabe preguntarse cuán menor es entre quienes viven con discapacidad. Esta exclusión no responde a circunstancias fortuitas, sino a una falta sostenida de políticas públicas que aborden la discapacidad como una dimensión estructural de la justicia social. El voto no depende exclusivamente de la motivación individual, sino de condiciones institucionales que hagan posible su ejercicio.
La accesibilidad no puede ser tratada como una concesión. Es un derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile, que obliga al Estado a garantizar la participación política en igualdad de condiciones.
Esto requiere eliminar barreras arquitectónicas, comunicacionales y culturales, incorporar criterios de inclusión desde la educación inicial y asegurar que las instituciones responsables del proceso electoral cuenten con las capacidades necesarias para implementar ajustes razonables. El Servicio Electoral, el Ministerio de Educación, los gobiernos locales e incluso las Fuerzas Armadas que participan en el proceso deben asumir un rol activo y sostenido.
Mientras más del 11% de la población adulta, según la ENDIDE, enfrenta obstáculos estructurales para votar, la democracia continuará siendo incompleta. Sin representación efectiva, las personas con discapacidad también quedan al margen de decisiones que afectan su vida cotidiana: salud, educación, empleo y autonomía.
Incluir no representa una carga, sino una inversión para el fortalecimiento democrático. El día que dejemos de ver en los locales de votación a personas en sillas de ruedas siendo subidas a pulso a un segundo piso, dejando en el primer nivel su dignidad y perspectiva de derecho, recién ahí entenderemos que hemos avanzado. No olvidemos además, que en ese lugar también de lunes a viernes es una escuela o un colegio, que seguramente tampoco está preparado para una comunidad educativa para todos y todas.
El problema es aún más profundo. Es momento de dejar atrás la exclusión histórica de las personas con discapacidad, personas cuidadoras, personas mayores y tantos otros grupos de especial protección que realmente necesitan ser vistas, y que sepan, con acciones concretas, que su voto cuenta, que su voz importa.
Una democracia sólida exige que todas las voces estén presentes, sin excepción.
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