Dos listas: la teoría de los dos pies

Francisco Javier Flores

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Como era de esperar, una vez sancionadas las líneas gruesas del nuevo curso constitucional, del cual quedan aún por dirimir aspectos relevantes, las fuerzas políticas han ido centrando la discusión en el proceso de elección de los próximos 50 consejeros.

Algunos, parte del oficialismo, han centrado la discusión en la necesidad de conformar dos listas para la próxima elección de mayo. La razón pública esgrimida es la necesidad de ampliar la base de apoyo sumando adhesiones más críticas. Sin embargo, este argumento presenta algunas dificultades, no solo de mero cálculo electoral, sino más bien de comprensión de la disyuntiva del próximo evento constitucional.

El éxito del nuevo proceso no es algo que esté asegurado, a pesar del consenso inicial. Es la legitimidad social, lograr su validez, mediante la ratificación ciudadana el desafío a alcanzar. Esto no alcanza solo con las certezas jurídicas que se puedan plasmar. La actuación y desempeño de los próximos consejeros, su clima y tensiones, tendrá, ya lo sabemos, una decisiva relevancia.

La opinión ciudadana, hace rato ya, se mueve en la ambivalencia. Algunas preferencias consignadas en encuestas recientes parecen confirmar esta subjetividad. La pregunta sobre los contenidos de las bases del acuerdo de diciembre muestra números con alta aprobación. Sin embargo, a la hora de consultar sobre el acuerdo mismo, logrado en el Parlamento, las respuestas, de aceptación y rechazo, se dividen casi en partes iguales.

Esto tiene que ver con algo que se suele no considerar. Las decisiones ciudadanas tienen que ver cada vez menos con la expresión de alguna preferencia de ideas o contenidos sustantivos, y cada vez más, por el contrario; como una manera de manifestar una voz de castigo o rechazo a ciertos desempeños políticos. Es más bien, una voluntad que se afirma negando.

La nueva convención partirá con menores niveles de aprobación ciudadana que el anterior proceso. Y que velozmente, dada las inevitables tensiones, algunos propios a la discusión y otros al clima de espectacularización dominante, puede estimular el voto de castigo, con que los ciudadanos, reiteradamente, suelen, sentirse convocados.

Por lo tanto, constituye un error asumir esta elección como cualquier otra, en el sentido, por ejemplo, de entenderla como una medición de las fuerzas políticas en cuestión.

Detrás de esta decisión parece estar más bien un cálculo no siempre explicitado. El diagnóstico que la baja aprobación al Gobierno se puede capitalizar también en interés propio. Lo que se parece mucho a esa vieja expresión de: "un pie en el gobierno y un pie en la calle".

Por otra parte, el argumento de que dos listas pueden lograr más caudal de votos que una resulta bastante discutible. No será esta una elección con un sistema proporcional, como lo son, por ejemplo, la de diputados o concejales, o incluso la del anterior proceso; sino una más bien de lógica mayoritaria donde la dispersión es una principal amenaza.

La razón entonces parece ser, para las fuerzas políticas que propugnan tal posibilidad, la oportunidad de revertir ciertas tendencias electorales, y lograr luego, mejores espacios de protagonismo al interior del gobierno. Parece más acorde con el gran desafío de tener una nueva constitución, discutir, más que de cupos o distribuciones territoriales, nombres concretos de aquellos y aquellas, que tendrán esta tarea.

Los espacios de autonomía programática no serán muy extensos, en una Constitución que será de corte más minimalista, por lo que asegurar la coherencia y legitimidad social, serán el desafío clave y principal.

Para eso, lo imprescindible es asegurar la participación de hombres y mujeres que puedan privilegiar la deliberación por sobre las performances, la sobriedad por sobre la estridencia, y apelar a lograr la preminencia de razones y argumentos, por sobre la mera popularidad.