La necesidad imperiosa de destrabar la actual reforma en el Parlamento, y mejorar el sistema tributario nacional, puede considerar una nueva propuesta en el debate público y legislativo. Una alternativa, que se adapta al contexto actual, bien diseñada e implementada, puede dinamizar el agotado juego de aumentos y disminuciones de impuestos que se observa con cierta secularidad, en cada cambio de gobierno.
Chile debe propender a disminuir los continuos cambios tributarios, que impiden certidumbre a las decisiones de aquellos agentes sujetos a tributación. Esto probablemente es fundamento estructural del crecimiento económico y que puede ser correlacionado en forma espuria con su caída desde inicios de la década pasada.
Así, una alternativa para privatizar parcialmente la función recaudatoria de impuestos puede cambiar y mejorar el actual sistema. Esta modalidad existió en tiempos de expansión del Imperio Romano y llegó a ser el pilar del sistema fiscal. Pero que, con el continuo y extenso crecimiento territorial y la falta de control de la Roma central, se transformó en fuente de corrupción, propiciada por algunos publicanos, que son sindicados como parte causante de la posterior decadencia del imperio.
Incluso uno de los discípulos de Jesús, emplazado en Cafarnaúm, se encargaba de la cobranza de los tributos para Roma. Por tanto un diseño apropiado y adecuada implementación son absolutamente necesarios.
La recaudación tributaria tercerizada es antigua y existe hoy en algunos países, que la contemplan como una modalidad complementaria de fiscalidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, Nuevo México, Colorado, New Jersey son parte de los más de 30 estados que poseen esquemas de cobro de impuesto a cargo de terceros.
La externalización de la recaudación es una opción que permite concretar una consigna políticamente discutible: "Menos y mejor Estado", porque por un lado, rompe con el paradigma de la izquierda ideologizada, que considera que todo esfuerzo por reducir el número de empleados en el aparato público es una medida extremadamente neoliberal; y, por otro lado, de la derecha dogmática, que argumenta que ciertos ámbitos son de naturaleza privativas del Estado: defensa e impuestos. Por lo que, un privado que cumpla con el estratégico rol de búsqueda y cobro de las finanzas públicas, probablemente sea cuestionado por las suspicacias políticas, pero también por el propio riesgo moral de un agente, auxiliar de la función pública. Un persecutor privado de tributación fiscal, al ser necesariamente del mismo tipo que aquellos que contratan asesorías tributarias para reducir y eximir a quienes deben pagar impuestos generales o específicos, podría ser un instrumento para cambiar las reglas de tributación, con la incorporación de tecnología, inteligencia artificial y big data, es decir: "Impuestos inteligentes".
En Chile existen tres instituciones fundamentales relacionadas con tributación: el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República, ellas gestionan el esfuerzo recaudatorio, para el financiamiento del Estado y que permite el posterior gasto público, siempre creciente. Por tanto, los esfuerzos por apoyar y mejorar continuamente la función de estas reparticiones son relevantes. A pesar de que, por naturaleza los impuestos son normalmente indeseados por los compradores y vendedores, su función es financiar las actividades primarias y redistributivas que desarrolla el Estado. Pero también, la necesidad de mantener al país de forma independiente y soberana, razones fundamentales para dar prioridad estratégica a este asunto.
Entonces, en un mundo idealizado, el gobierno necesita financiarse cobrando para ello impuestos y lo debería hacer bien (en forma justa, completa y oportuna). Este cobro debería gestionarse con un sistema de impuestos efectivo (a mínimo costo o de máxima recaudación). Lo anterior no es logrado completamente por el complejo sistema impositivo, por ejemplo por varias fallas del propio Estado: Falta de recursos, menor capacidad de monitoreo transacciones físicas y digitales y del potencial ingreso del crimen organizado al sistema tributario con las públicamente conocidas operaciones sospechosas. También, se produce menor recaudación por la mejor capacidad del sector privado para gestionar las holguras procedimentales del actual sistema y por agentes privados que cometen directamente delitos tributarios.
Entonces, ¿existe algún problema en el sistema recaudatorio que justifique al nuevo agente? Definitivamente sí, basta revisar el nivel de beligerancia social y las brechas recaudatorias argumentados en la actual reforma propuesta en esta administración. Así, la proposición de una agencia experta en persecución del cobro de impuestos debería ser discutida como una alternativa efectiva en pro de mejorar para el Estado, la función recaudatoria y la justicia tributaria, aportando a crear certidumbre y revitalizar el crecimiento económico.
La idea de tercerizar la función del cobro tiene dos condiciones necesarias: El costo total de la innovación debe ser menor al aumento recaudatorio esperado, y se debe considerar el reforzamiento de los tribunales respectivos.
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