El reciente debate público sobre el cierre de Huachipato ha estado centrado en el análisis político llevado por los grupos de presión y voces que claman una potente intervención estatal para solucionar un problema de mercado entre privados, para proteger el empleo y otros sectores estratégicos de la producción nacional.
En coherencia con ello, y en un país en que la institucionalidad económica funciona, el órgano creado para abordar parte del problema ópera según su diseño. Así, la comisión nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, creada por el artículo 9 de la ley 18.525 de 1986, actúa proponiendo aranceles a requerimiento de la parte afectada. Hoy esta comisión es de naturaleza técnica y política, por el tipo de vinculación de sus integrantes, que pueden estar mayoritariamente definidos por el gobierno de turno. Por tanto, la rigurosidad económica de su actuación será fundamental para preservar la seriedad y confianza que tienen los mercados internacionales hacia nuestro país. Ella (la rigurosidad) debería enmarcarse exclusivamente al mercado relevante del acero, evitando incorporar los efectos en el equilibrio general de la economía, que serán materia política.
Para buscar completar el juego, y observando el ámbito internacional, la composición del capital de CAP S.A. debe ser considerada para tener "todos los elementos en la mesa", tal como se proclama públicamente. Los accionistas de una empresa son relevantes al analizar las variables de mercado, que en este caso, apuntan a prácticas anticompetitivas en el comercio internacional.
CAP S.A tiene muchos propietarios. De ellos, los 12 mayores concentran prácticamente toda la propiedad de la empresa y destaca Invercap S.A. con el 43,31% y M.C. Inversiones Limitada con el 12,5%, lo que deja su propiedad en manos de capitales nacionales, pero también de una empresa que es filial de una gran compañía japonesa, como lo es Mitsubishi.
¿Qué implica esto en el problema? Primero, la constatación de que hay una variable probablemente omitida hasta ahora, la presencia de capitales japoneses afectados. Segundo, que el ámbito geopolítico podría ser una derivada del problema, porque el comportamiento estratégico de China (si es que la hay) podría afectar los futuros costos de sus vecinos asiáticos (y ellos lo deben saber). Tercero, la respuesta consistente en subir los aranceles, es parcial e involucra otros agentes del mercado, tal como lo indicó el ministro Grau al mencionar a las mineras.
El caso de las bolas y barras de acero es mucho más complejo que lo que se observa, tal como habitualmente lo es la economía real. Soluciones facilistas como dejar caer la empresa porque es ineficiente o incorporar subsidios equivalentes al posible dumping o coordinación de precios son respuestas nacidas en la academia para ramos de economía de pregrado. Aquí y en el futuro se necesitará política económica internacional y "de acero", para realizar la mejor respuesta posible.
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