El futuro de la institucionalidad científica, la deuda política de Chile

Fue en el último Congreso del Futuro, organizado por el Senado, en que el entonces presidente Sebastián Piñera anunciaba que enviaría un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

El anuncio sorprendió a todos los asistentes y, según se comenta, a parte del equipo de la presidencia.Ciertamente toda la comunidad científica presente recibió la noticia con aplausos y con una nueva esperanza concreta para la tan anhelada institucionalidad científica nacional.

Este proyecto de ley nace tras el informe y recomendaciones emitidas por la comisión asesora presidencial en ciencia, tecnología e innovación, presidida por Bruno Philippi, la cual planteó la necesidad de contar con un ministerio que lidere el desarrollo, política y formación científica nacional.

Pero hoy, todos los avances se ven amenazados tras los anuncios del Gobierno de la Presidenta Bachelet de retirar del Parlamento los últimos proyectos de Ley de la administración anterior.De ser así, se esperaría que se impulse la creación de una Subsecretaría de Ciencia y Tecnología dependiente del ministerio de Economía, tal como lo indica el programa del actual Gobierno, esto, esperando que se cumplan las promesas de campaña.

Chile necesita una institucionalidad robusta que lidere el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

No es suficiente con la restitución del Consejo de CONICYT ni tampoco con la creación de una subsecretaría dependiente de Economía, propuesta ampliamente rechazada, ya que todo esto aumentaría multiplicidad de funciones, restaría relevancia y no sería capaz de liderar una política pública a largo plazo.

Por lo contrario, el país más que nunca necesita un Ministerio que tenga la capacidad principal de representar a la ciencia a nivel político, y el cual pueda unificar y reestructurar todas las agencias en un sistema único nacional, esto no sólo llevaría a una mejor eficiencia en el uso de los recursos, sino que a una mejor organización y priorización del trabajo realizado por el Estado en materias de ciencia y tecnología.

No necesitamos más instituciones independientes, lo que necesitamos es una que sea capaz de representar los intereses del país en la materia, y que sobre todo, tenga injerencia en las políticas públicas del Estado. La ciencia no puede seguir en segundo plano, no cuando nos encontramos en un mundo que depende ella.

Es por esto, que retirar el proyecto de ley presentado por la administración de Piñera, no sólo significaría un retroceso en los avances logrados por científicos y parlamentarios- eliminado la gran opción de discutir el proyecto de forma transversal- sino que también sería un mensaje claro hacia la comunidad científica del desinterés del Gobierno actual por desarrollar un avance real.

Este es un llamado claro a actuar, a no conformarnos y a exigir que los intereses políticos no detengan el avance de la ciencia nacional. Es momento de cumplir la deuda política con la institucionalidad científica de Chile.