El negocio del aborto en Chile

Como organización pro-vida, creemos importante manifestar nuestro parecer sobre algunos puntos tratados en el extenso debate que ha suscitado a lo largo de estos años el aborto en Chile.

Antes que todo, nos parece que existe un grave error en la concepción que los abortistas tienen sobre el concepto de “democracia”. Al parecer, para ellos la democracia comprende la posibilidad de disponer, como sociedad, sobre cualquier clase de asunto.

Quienes abogamos por una Cultura de la Vida, creemos que esto no es así. La democracia y, en consecuencia, la deliberación pública, encuentra como límite intrínseco la dignidad del ser humano, que es su fuente.

Asimismo, cualquier “derecho a decidir” se encuentra supeditado al resguardo del “derecho a la vida”, pues quien no vive en mala hora puede participar en un debate.

Nos parece impresentable que hoy se pretenda realizar una “discusión democrática” que busca asesinar a una de las partes involucradas, sin siquiera escucharla. ¿De cuales derechos humanos hablamos, entonces?

Entrando propiamente en materia, quisiéramos referirnos al argumento de la “regulación”. Dicen los abortistas que el problema fundamental radica en que existe una “cifra negra” de abortos clandestinos, que en Chile superaría los 300.000 abortos al año, razón por la cual sería imperativo que la ley regulara el tema.La experiencia comparada, en tanto, nos demuestra la falsedad de aquellos antecedentes.

En un estudio colaborativo conducido en México por investigadores de la University of West Virginia-Charleston (EU), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la Universidad de Chile y el Instituto de Epidemiología Molecular de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile), se muestra que antes de que se legalizara la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en el Distrito Federal, encuestas de opinión utilizadas por investigadores del Instituto Guttmacher sobreestimaron hasta 10 veces las cifras de aborto inducido en la capital de México; política que se ha venido reiterando consistentemente a lo largo del mundo antes de la legalización del aborto en cada país, como señala el mismo estudio.

Es decir, en Chile la “cifra negra” real de abortos debiera ascender a no más de 30.000 al año, lo que concuerda con los datos presentados por el Doctor Aníbal Faúndez, coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, quien señala que el número de abortos clandestinos informados en Chile es de 40.000; cifra abismalmente inferior a los más de 1.6 millones de abortos que se practican al año en Estados Unidos.

Precisamente, según el estudio de la Doctora Rachel Benson Gold, publicado por el mismo Instituto Guttmacher, de los 1.6 millones de abortos quirúrgicos que se practican al año en los Estados Unidos, sólo un 1% se llevan a cabo por violación o incesto y sólo un 7% se atribuye a peligros para la salud física o psicológica de la madre. El 92% restante se realiza por razones sociales, económicas o personales.

Además, si observamos la experiencia práctica a nivel mundial, en España, por ejemplo,la tasa abortiva se duplicó durante la ultima década y sigue aumentando año tras año, muy lejos de disminuir, como argüían antes de la legalización del aborto en 1985.

¿Pero qué subyace a estas cifras manipuladas? ¿Por qué se maquina una necesidad aparente, fundada en razones inexistentes, para justificarle? ¿Cuál es la causa de que se promueva en Chile un mal llamado aborto “terapéutico”, el cual no hace falta dada la Lex Artis médica vigente?

Es muy común cuando se divulgan estas informaciones mencionar como fuente al Instituto Allan Guttmacher, pero no se explica que este instituto pertenece a la mayor red de clínicas de aborto de Estados Unidos y fue creado con el propósito de presentar estadísticas distorsionadas sobre la materia.

El Instituto Alan Guttmacher posee sus oficinas en Nueva York y Washington y fue fundado como una sección de la Planned Parenthood Federation of America, una organización que hoy es propietaria de cerca de 20% de todas las clínicas de aborto de Estados Unidos (fuente: ONG Hazte Oir).

Sin ir más lejos y volviendo a España, el año 1992 la otrora diputada Marisa Castro funda la clínica abortiva Isadora, que es hoy una de las más populares proabortistas de Madrid, con unos ingresos que sobrepasan los 1.9 millones de euros.

Pretendemos, mediante la presente, dejar en claro que el debate sobre el aborto desarrollado en Chile el último tiempo está lejos de buscar el bienestar de la madre o, menos aún, el del niño que está por nacer.

Si realmente aquellos fueran los fines de quienes promueven legalizar este tipo de asesinato, estaríamos discutiendo sobre la adopción, el apoyo a la maternidad o la ayuda psicológica para mujeres embarazadas, entre muchísimos otros temas verdaderamente relevantes.

El aborto a nivel mundial es un negocio que busca el lucro y por eso es que observamos, con legítimo desconcierto, la ansiedad de algunos parlamentarios por aprobarle lo antes posible. Por el bien de nuestra sociedad y de nuestros niños, esperamos que no lo consigan.