El sector sur de Santiago necesita con urgencia paz social y seguridad

Daniel Melo

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Lamentablemente, con una serie de homicidios a lo largo del país y especialmente en la Región Metropolitana comenzó el año 2024, uno de los últimos fue el terrible asesinato de una niña de 10 años en Maipú, quien resultó herida en el tórax debido a una serie de disparos perpetrados por desconocidos hacia el vehículo en el que se trasladaba junto a su padre y que pese a ser llevada al Hospital El Carmen falleció pocos minutos después. También hemos tenido hechos lamentables en las comunas de Pedro Aguirre Cerda y El Bosque, en el sector sur de Santiago. Aquí cabe preguntarse, qué culpa tiene un menor de edad de la delincuencia y el manejo indiscriminado de armas no inscritas que existe en nuestro país, ¿es justo que niños y niñas, que son inocentes, paguen las consecuencias de la llegada del crimen organizado a Chile? y ante esto la respuesta es claramente que no.

El Presidente Boric y la ministra Tohá están trabajando y han logrado muchos avances, pero la delincuencia se mueve a pasos agigantados y deja atrás cualquier medida del Estado, por este motivo, valoro la convocatoria al Cosena, que como instancia consultiva pueda permitir avanzar en garantizar el derecho a la seguridad de las familias, siempre en el marco del Estado de derecho y el respeto de las libertades de las personas.

Desde el parlamento hemos hecho un llamado al Gobierno a establecer una mesa de trabajo intersectorial por la seguridad, con medidas que sigan profundizando la agenda legislativa, asimismo, evaluar estados de excepción acotados en zonas y barrios críticos y resguardar la infraestructura crítica como colegios, centros de salud familiar o estaciones de Metro. Es urgente que las policías puedan efectuar operaciones rastrillo para desbaratar a las bandas narcos y de crimen organizados, además de expulsar a quienes delinquen de manera inmediata.

Asimismo, es importante contar con una evaluación del plan "Menos armas, más seguridad" que fue anunciado en el año 2022, el cual tiene por objetivo reducir la cantidad de armas de fuego en el mercado ilegal para ayudar a disminuir las tasas de homicidios y delitos violentos. Así como también interrumpir el flujo de armas legalmente inscritas para su uso en actividades delictivas, armas que siguen circulando y atemorizando a los vecinos de diferentes sectores de nuestro país, y especialmente las comunas que se encuentran en un estado crítico en la Región Metropolitana, como Pedro Aguirre Cerda, con quién estamos en constante trabajo territorial, junto a su alcalde, Luis Astudillo.

En cuanto a materia legislativa, como bancada socialista hemos presentado diferentes iniciativas, de las cuales han sido aprobadas la ley Nº 21.575 sobre persecución del narcotráfico y crimen organizado; la ley Nº 21.601 para prevenir la venta de vehículos motorizados robados; ley Nº 21.587 sobre daños en medios de transporte público; ley Nº 21.571 que aumenta la penalidad en el delito de "sicariato" y la ley que establece el uso obligatorio de cámaras corporales a las policías, solo por nombrar algunos.

Queda pendiente en materia legislativa que avance el proyecto de ley que presentamos junto a la diputada Daniella Circadini y que fuera respaldado por el Presidente Boric en un mensaje, que busca restringir la realización de los funerales narcos y de alto riesgo, esta es una iniciativa muy sentida por la comunidad y que cuenta con el apoyo transversal de municipios como San Ramón y su alcalde Gustavo Toro, que han visto como estos funerales se toman prácticamente el territorio, perjudicando la vida cotidiana de la gente.

Toda campaña contra la delincuencia y hechos de violencia, deben ser acompañados de una política de prevención del delito que ponga el foco en nivelar la cancha. La desigualdad, falta de oportunidades y de servicios públicos en los barrios más críticos requieren de una respuesta por parte del Estado, porque no todo puede ser la persecución penal. Por ejemplo los barrios críticos del sector sur de Santiago están sobre diagnosticados, me pregunto por qué, no avanzamos en una política pública que permita enfrentar la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes, y de paso garantizar el derecho a la educación de los sectores históricamente excluidos. La presencia del Estado en barrios permitiría garantizar ese derecho y de paso poner una muralla al flagelo de la droga y de la delincuencia, ya que en muchas ocasiones los menores de edad son utilizados como carne de cañón para cometer crímenes y que los adultos salgan impunes.

Debemos pasar de las acciones "islas" en estos barrios críticos, como es el caso de la destrucción de los mausoleos narcos, a verdaderas intervenciones urbanas. La segregación social y espacial es un foco para los problemas antes descritos y nuestro país tiene experiencias exitosas con el Programa "Quiero mi barrio". Por qué, no pensar en un programa de estas características, pero 3.0 con el foco en prevención, aún estamos a tiempo de hacer mejor las cosas.

Para el progresismo y la izquierda, el debate sobre la seguridad debe ser una prioridad, es imposible establecer derechos sociales, sin garantizar seguridad y paz social a la gente.

Esta tarea adquiere un doble significado, cuando nos referimos a barrios y comunas que, en el pasado, fueron bastiones en la lucha social, como fue el movimiento de pobladores, las primeras tomas y campamentos, como la Victoria en Pedro Aguirre Cerda o la del 26 de enero que dio paso a la población La Bandera en la comuna de San Ramón. Fue en estos territorios que la solidaridad de las familias, los jóvenes y organizaciones contribuyeron a la recuperación de la democracia. Hoy lamentablemente el crimen organizado, y el tráfico de drogas azotan estos barrios. Por ello, es urgente que el sector sur de Santiago recupere su historia, sobre la base de la paz social y la seguridad de vivir en paz, se lo debemos.