En seguridad, quedarse en la verada propia no sirve
Siempre he creído que conversar y buscar acuerdos es parte esencial de la política. Yo no voté por este Gobierno y tengo diferencias importantes con muchas de sus decisiones, pero eso no me libera de una responsabilidad básica: sentarse a conversar cuando está en juego el interés del país. Dialogar no significa rendirse. Tampoco significa aprobar lo que el Ejecutivo ponga sobre la mesa.
La experiencia reciente de la megarreforma dejó una lección que sería un error ignorar. El Gobierno consiguió los votos, pero no logró construir un entendimiento suficientemente amplio. Y cuando las reglas importantes para Chile se aprueban por mayorías estrechas, queda abierta la puerta para que mañana vuelvan a cambiar. Una cosa es ganar una votación. Otra muy distinta es construir una regla que dure.
Durante muchos años Chile fue capaz de generar acuerdos entre sectores que pensaban distinto. No porque desaparecieran las diferencias, sino porque existía la convicción de que determinados asuntos requerían algo más que tener los votos suficientes para pasar la aplanadora. Ese criterio es todavía más necesario cuando hablamos de seguridad.
El Gobierno ha puesto sobre la mesa su "Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo", la ACOT, y corresponde discutirla con seriedad. El crimen organizado, el narcotráfico y las nuevas formas de delincuencia requieren respuestas firmes. Pero precisamente porque el problema es grave, las leyes tienen que estar bien hechas.
En seguridad, legislar rápido puede ser necesario. Legislar mal puede salir carísimo. Por eso sería un error que La Moneda entendiera que conversar con la oposición es simplemente informarle lo que ya decidió hacer. El Congreso no está para ponerle un timbre a los proyectos del Ejecutivo.
También sería equivocado que desde la oposición la respuesta automática fuera rechazar todo porque viene del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La seguridad de las personas es demasiado importante para convertirla en otra pelea chica entre oficialismo y oposición.
En la izquierda y la centroizquierda existen diferencias conocidas respecto de cómo enfrentar estos temas. Probablemente seguirán existiendo. Pero esas discrepancias no pueden transformarse en una excusa para quedar mirando desde la galería mientras otros definen completamente las nuevas reglas de seguridad del país.
Socialismo Democrático tiene que ser capaz de construir una posición propia, seria y coherente. Y espero que mi partido, el PPD, contribuya a ese objetivo. En mi caso hay algo que tengo claro: no voy a cambiar lo que pienso sobre seguridad dependiendo de quién ocupe La Moneda.
Las propuestas del Gobierno deben evaluarse por su contenido, por su eficacia y por sus consecuencias, no por el color político de quien las presenta. Ni rechazo automático ni cheque en blanco.
Chile necesita herramientas más eficaces para enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado. Algunas medidas deberán ser duras. Otras tendrán que corregirse. Y aquellas que estén mal diseñadas simplemente no deberían aprobarse.
Porque responsabilidad política no es decir que sí a todo para aparecer preocupado por la seguridad. Tampoco es decir que no a todo para marcar una diferencia. Responsabilidad es hacer el trabajo.
Y hoy ese trabajo consiste en construir leyes que permitan perseguir con eficacia al crimen organizado, proteger a las personas y, al mismo tiempo, darle al país reglas sólidas que no tengamos que volver a cambiar en un par de años. La seguridad de Chile necesita firmeza, pero también cabeza fría. Necesita acuerdos, no trincheras. Y, sobre todo, necesita buenas leyes.