Eyzaguirre no tiene poder de negociación

Al analizar la anatomía de la negociación entre el gobierno de turno y los actores claves del sector educación, vemos que este ministro, todos los anteriores, y todos los futuros ministros tiene y tendrán siempre muy poca capacidad de negociación. Esta carencia de “poder en la mesa” se manifiesta en que la principal acción de los ministros siempre ha sido la de ceder de a poco, de manera errática y acercándose asintóticamente a las demandas de los actores que tienen más poder en la mesa de negociación.

La falta de muñeca negociadora de los ministros para llegar a acuerdos se debe a tres elementos que construyen un escenario de negociación adverso: número de actores, limitado plazo de acción (4 años de gobierno) y la temporalidad de los efectos de la reforma.

Los actores son demasiados en número (estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, profesores, votantes, oficialismo, oposición, alcaldes, dueños de instituciones, etc.) y son muy diversos en su naturaleza, en sus capacidades y disposición a negociar. Alinear los intereses de una diversidad tan grande de actores, es demasiado caro, toma demasiado tiempo y desgasta a cualquier negociador. Sobretodo cuando cualquiera de ellos, por si solo, tiene el poder para remover o golpear la agenda de la autoridad.

Adicionalmente, los efectos de la reforma -positivos o negativos- se verán en muy largo plazo. Por lo tanto, no es fácil probar un caso o una propuesta, lo que limita el ámbito de acción de quién debe facilitar un acuerdo y potenciar las posiciones del tipo “demanda”, ya que hay pocos elementos que legitiman la no aceptación de las demandas perentorias.

Un tercer problema que limita el poder en la mesa para el ministro, es que los tiempos que cada actor dispone para enfrentar este proceso, son muy distintos. El gobierno de turno, (representado por su ministro) no sólo aspira a materializar la mejor reforma educacional posible, sino que también aspira a ser reelegido en cuatro años más.

Cualquier gobierno de turno piensa en ventanas de cuatro años. Esto limita los espacios de acción y le entrega mucho poder a quienes tienen más tiempo para jugar y quienes tienen los recursos para facilitar o dificultar su reelección.

En una negociación, el que tiene la presión de tiempo, siempre tiene menos poder en la mesa.En este proceso, los gobiernos cuentan con un tiempo muy acotado, tienen mucho que perder y muy poco que ganar.

Por el contrario, los otros actores (estudiantes, profesores, políticos, etc.) tienen muy poco que perder, (en el peor de los casos, siguen como están) tienen mucho que ganar y tienen mucho más tiempo para jugar.

En un proceso de negociación con esta anatomía, las acciones de los gobiernos siempre tenderán a ceder y las de los actores antagónicos, siempre tenderán a competir (tú pierdes, yo gano). En el modelo de competencia un agente no negocia, sino que exige.

No es que este gobierno sea malo -o los anteriores- en sus capacidades de negociación.Simplemente, es que el escenario de negociación tiene deficiencias estructurales que resultan en que ningún gobierno tendrá un buen poder de negociación en la mesa.

Por lo tanto, la única forma de balancear el mapa de poder en esta negociación y otorgar más poder a la autoridad, es con un cambio estructural del escenario.

Una manera de hacer esto es creando un “Consejo de Educación”, cuyo plazo en ejercicio sea de mucho más que cuatro años, con miembros inamovibles durante un período lo suficientemente largo y que su composición sea diversa en lo técnico y político, para así legitimar sus propuestas.

Este “Consejo de Educación” actuaría como el Banco Central, siendo una entidad independiente del gobierno de turno y no sería rehén de los intereses acotados de unos pocos actores con poder. Definiría las políticas públicas y cambios estructurales al modelo de educación y sería responsable de monitorear sus resultados y modificar los elementos que sean necesarios para una mejora continua.

Al tener un horizonte de acción superior a los cuatro años, la institución y sus miembros serían inmunes a las presiones ilegítimas y de corto plazo que ejercen los actores políticos y nos aseguraríamos todos que hay una entidad objetiva y especialista en la materia, diseñando el futuro en educación.

De esta manera, el gobierno -y sus órganos- serían los administradores de la estructura definida por el “Consejo de Educación” y sus acciones estarían enfocadas en verificar calidad y correcta ejecución legal.

La manera óptima de mejorar un escenario que afecta nuestro poder de negociación, es eliminar ese escenario en primer lugar y redefinir el campo de juego a nuestro favor. En este caso, a favor de la educación.