Fundaciones y sociedad civil. Fallos (algunos)

José Orellana

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^{Co-escrita con Hernán García Moresco, licenciado en Educación en Matemática y Computación, diplomado en Big Data y diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública}

En otras oportunidades, los suscritos problematizamos sobre la clásica tensión de la representación política, cuya manifestación -entendemos- podría situarse más allá de las orgánicas partidarias, pues si bien la tensión puede provenir desde los partidos políticos (lo clásico), no implica que en más de una oportunidad, la misma pueda provenir desde otros espacios como es la sociedad civil. Ahora, muy mediada por la institucionalidad que ofrece la ley 20.500 de organizaciones de la sociedad civil, la cual hace más expedito su concreción institucional (en corporaciones y fundaciones). En este sentido, la sociedad civil organizada por esta ley u otras, no sólo son un grupo de presión o de interés, sino que una plataforma de potencial representación en sí misma, que aporta en distintas dimensiones como la social, económica y política, entre otras.

Así, desde la perspectiva de la representación política se ha asistido, de forma regular, a espacios de entropía que han defraudado la confianza de la ciudadanía, abriendo ahora un nuevo camino por medio de representantes de la sociedad civil como fueron los representantes electos de la Lista del Pueblo e Independientes No Neutrales (para ser justos, hubo muy buenos aportes en el debate constitucional pasado, eclipsados por los NO buenos), etc.; pues constituyeron la materialización de cómo la sociedad civil se organiza en instancias electorales. Pero esta solución o alternativa a la baja confianza pavimentó un nuevo camino de entropía que generó en un segundo momento constitucional, los resultados del plebiscito de salida (4 de septiembre de 2022), dando más aliciente a los partidos políticos, pero no necesariamente aumentando la confianza hacia ellos, sino empeorando la confianza hacia organizaciones ciudadanas con proyecciones políticas.

La representación política provenientes desde la sociedad civil, posibilitadora de más legitimación democrática, debe sumar en la actualidad el financiamiento. Por un lado, los partidos están regulados a partir de las propuestas que la Comisión Engel generó y que modificaron la relación entre política y dinero. Pero como todo río caudaloso, buscará otros caminos... por ello, desde un tiempo a esta parte las organizaciones sin fines de lucro son objeto de la destinación de fondos públicos para ejecutar proyectos, activar movilización sociocultural, socio-territorial (otras) y así acercar al Estado a la sociedad civil, teniendo en el centro el cumplimiento de sus fines con impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Esto en el contexto de la subsidiaridad del Estado, más allá de las objeciones que pueden existir a la Constitución del '80 (que se busca cambiar), ésta considera en su médula subsidiaria la ecuación de la alianza público-privada la cual gozó (y goza) de una reputación insoslayable, explicándose desde ahí una política pública de las concesiones ruteras, sanitarias, de transporte, carcelarias, salubridad, educacionales, portuarias, entre otras. Lo anterior, anclado a las grandes realizaciones de proyectos que estas alianzas lograron, logran y seguirán logrando (independiente de sus resultados, que no es lo que se comenta en esta oportunidad). Sin embargo, la ecuación también aplica para otras realizaciones de escalas geográficas barriales, comunales o regionales que van desde la construcción de una sede social, cancha de baby futbol, compra de utensilios de cualquier agrupación, o ejecución de proyectos sociales más amplios, donde las instituciones de la sociedad civil hacen su aporte.

La relación público-privada es inevitable, ya sea con privados empresarios o privados organizaciones de la sociedad civil. Cabe indicar que sus aportes buscan concretar ganancia económica y social al país; propiciando ganancias JUSTAS a los ejecutores de una u otra iniciativa. Por ende, no son pocas las entidades de la sociedad civil que sacan adelante la política pública en los territorios, postulando al sistema de concursos públicos o asignaciones, que se ha dispuesto para tales efectos.

Se busca indicar que sea en este modelo de Estado o en otro (SOCIAL DE DERECHO) la ecuación perseverará, evidenciándose hoy una falla del modelo de aportes, por lo cual se precisa transparentar con el afán de optimizar la gestión pública del Estado, pero también para indicar que, no todas las organizaciones de la sociedad civil son las que están en tela de juicio por estos días.

Nada recomienda reinventar, o re-estrenar, acuerdos políticos o crear comisiones expertas, simplemente debería funcionar la institucionalidad y encontrar las objeciones que favorecen que "una/os poca/os llenos de eufemismos y con aureolas de franqueza", se sientan con el privilegio de usar recursos públicos como dineros propios. Por ende, la ecuación requiere integrar mecanismos de transparencia y probidad vigentes, dejando como valor la necesidad de profundización de políticas públicas que apunten a la modernización y reforma del Estado. Así también, se cautela una más amplia representación proveniente desde los depositarios históricos de la mismas, como es el sistema de partidos políticos y la de la sociedad civil, que busca abrirse paso, pues fallos en el sistema como estos, nada ayudan a ese propósito. Nada ayudan a la democracia.

No hacerlo, implicará alimentar una multitud distribuida en nuestra geografía que espera pacientemente volver a reclamar su espacio de expresión, pues los canales que creían un camino de integración y participación aparecen funcionales para unos pocos, alimentando el desorden, permitiendo juzgar a justos por pecadores.