Incendios rurales

Víctor Venegas

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Hoy, junto con conocer las dimensiones de los daños provocados por los “incendios forestales” en el país, se empieza a hablar de si estamos preparados para enfrentar este tipo de catástrofes, o si existe la capacidad para prever los riesgos y amenazas, para así poder anticiparse. Todo indicaría que no, sobre todo para estas dimensiones de incendios, donde las capacidades materiales, técnicas y humanas del país se han visto sobrepasadas.

Por otra parte, y dado que en Chile la gran mayoría de los incendios son de origen humano, por descuido, negligencia o derechamente intencionalidad, se apela a que este es un tema principalmente cultural y de educación de la población, por lo que las acciones de prevención y educación se consideran determinantes para cambiar las conductas en el mediano y largo plazo, y así poder evitarlos hacia el futuro.

No obstante lo anterior, la situación de los incendios en el territorio nacional es mucho más estructural y de fondo. Por una parte, históricamente se ha abordado este problema desde la perspectiva del recurso vegetacional que se quema, con mayor impacto desde el punto de vista económico y ecológico, como son los recursos forestales.

Así los incendios son llamados forestales y por lo tanto su responsabilidad de controlarlos han recaído bajo la responsabilidad de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), donde se han ido sumando voluntarios del Cuerpo de Bomberos, contingentes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, y la ONEMI ha asumido mayor protagonismo. Las estadísticas muestran que año a año se queman miles de hectáreas de vegetación, desagregada en bosques nativos, plantaciones forestales, arbustos y pastizales, a lo que se suman importantes áreas agrícolas quemadas de cultivos anuales, huertos frutales, viñas, praderas y otros. Todo lo cual cae bajo la acción de control de CONAF.

La CONAF, tiene entre sus variadas funciones administrar y fiscalizar la legislación forestal; administrar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), con sus 36 parques nacionales, 49 reservas nacionales y 16 monumentos naturales; el desarrollo y fomento de las plantaciones y el manejo del bosque nativo; el manejo de las cuencas hidrográficas, y la protección de los recursos vegetacionales ante agentes de daño, entre ellos los incendios.

Del presupuesto regular de CONAF, 26 mil millones de pesos, alrededor del 31% del total,es utilizado en control y combate de incendios forestales. Cuando la temporada de incendios es extrema, como este año 2017, esos recursos se gastan rápidamente, comprometiendo parte del presupuesto de los otros programas y actividades de CONAF. Esto ha sido invariablemente así, siendo en definitiva las demás acciones de CONAF las que subsidian el combate de incendios en el país.

Un enfoque diferente respecto de los “incendios forestales” tienen varios países desarrollados, tales como Australia, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Canadá, y algunos países europeos, quienes han acuñado el concepto de Incendios Rurales. Este no es sólo un asunto de nomenclatura, detrás está una dimensión más amplia y una concepción más profunda,que evidencia que este es un problema más bien territorial, que radica sobre el espacio rural donde ocurren los incendios, más que una mirada acotada centrada sólo en los recursos vegetacionales que se afectan. De estas experiencias internacionales se podrían sacar invaluables lecciones, que mejorarían nuestras respuestas a las amenazas crecientes que representan los incendios en nuestro medio rural.

Esta mirada territorial de los incendios rurales, permite una aproximación institucional diferente sobre las acciones de prevención, detección y control de los incendios, en plena coordinación con la entidad nacional de emergencias (ONEMI u otra), como también para otro tipo de emergencias o catástrofes, como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. A partir de este enfoque espacial, se promovería una acción más integradora de los más diversos actores del territorio rural, donde las comunidades organizadas se harían co-responsables en conjunto con los gobiernos locales, provinciales y regionales, y los demás organismos públicos, las fuerzas armadas, empresas privadas y ONGs, entre otros.

Esta articulación del conjunto de los actores del territorio permitiría una mayor movilización de recursos, ayudaría a estar preparados y coordinados en acciones preventivas, de difusión y creación de conciencia, permitiendo establecer buenas prácticas de protección. Así cada espacio del territorio debería contar con una evaluación de riesgo de incendio permanente y bajo un plan de manejo que reduzca o minimiza ese indicador de riesgo.

Asociado a ello, el territorio debería contar con programas de alerta temprana y de respuesta rápida ante la ocurrencia de incendios. A lo que se deberían sumar las estrategias maestras para situaciones extremas de declaración de incendios, y contar con las dotaciones de personal, materiales y equipos adecuados para desarrollar una fuerza de control y combate suficiente.

La fuerza de estos dolorosos hechos amerita que la situación de la institucionalidad de Chile para enfrentar los incendios rurales sea necesario revisarla. Tenemos una CONAF, que está superada en capacidad para enfrentar los incendios de bosques y plantaciones, reconociendo que tiene facultades limitadas para actuar, requiriendo del establecimiento de estados de excepción, sobre todo cuando excede su presupuesto de combate de incendio y compromete su quehacer institucional.

En este escenario, es claro establecer que ha faltado coraje para plantear una nueva institucionalidad de incendios, que aborde lo territorial, como Incendios Rurales, que aborde con determinación la zona intermedia que existe entre bosque y plantaciones, con los límites urbanos de las ciudades y poblados.

Este quizás sea también el momento de plantear la reformulación de CONAF y establecer definitivamente el Servicio Forestal. Determinando que la acción en el ámbito de los incendios pase a una nueva institucionalidad, a base de este nuevo enfoque del territorio rural.

Lo mismo respecto de la Administración del SNASPE, creando prontamente el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo Proyecto de Ley que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Así, se podría proyectar el nuevo Servicio Forestal, en un rol eminentemente centrado sobre los recursos forestales. Un Servicio encargado de administrar y fiscalizar la legislación forestal, promover el desarrollo forestal sustentable, fomentar la forestación y el manejo del bosque nativo, el manejo de cuencas, asumir con mayor propiedad temas como el cambio climático y los recursos forestales, la bioenergía, etc. etc.

Esta tragedia que ha mostrado a Chile en llamas puede ser el punto de inflexión para asumir un nuevo paradigma en el desarrollo del territorio rural, bajo un arreglo institucional innovador que ayude a proteger los recursos naturales y su biodiversidad, ante la amenaza latente de los incendios, más aún en un contexto de cambio climático que se acentúa año a año.

Este enfoque apunta a un nuevo modelo para asumir la protección territorial, bajo un rol activo y de responsabilidad de las comunidades de las áreas rurales, con una nueva institucionalidad para atender la emergencia, en plena articulación con las organizaciones públicas y privadas, todos alineados para responder en forma rápida y con la contundencia que la emergencia lo demande, para lograr el menor dañoposible a las comunidades, actividades y recursos naturales que componen el territorio rural.