Jarpa y el papel de los civiles

Francisco Javier Flores

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La reivindicación del exministro del Interior durante la dictadura Sergio Onofre Jarpa, por parte de ciertos sectores de la derecha política, no es simplemente un acto de reivindicación histórica. Es un esfuerzo por delinear los contornos de la responsabilidad de los horrores y represión del régimen dictatorial. En esta versión, se busca confinar la culpa únicamente a las fuerzas militares, dejando a los civiles exentos de toda responsabilidad.

Jarpa, quien ocupó el cargo de ministro del Interior en uno de los períodos más oscuros de la dictadura (1983-1985), no puede ser convenientemente deslindado de los actos violentos que ocurrieron bajo su actuación. Durante su tiempo en el poder político el país presenció violentas represiones en respuesta a las primeras protestas masivas. Las manifestaciones del 11 y 12 de agosto son un recuerdo trágico, con 29 personas fallecidas y centenares de heridos. La sombra de la CNI, con sus aterradores actos de asesinato, tortura y detenciones arbitrarias, acompañó permanentemente el panorama sombrío.

Sin embargo, intentar ahora resaltar su figura es, deliberadamente, ignorar este oscuro capítulo de la historia. Se quiere moldear, más bien, una narrativa que aísle a los civiles de toda responsabilidad en los crímenes de la dictadura, presentando a los militares como los únicos responsables. Pero esta narrativa simplista es problemática. La posición de Jarpa como ministro del Interior -un puesto de liderazgo político durante esos tiempos tumultuosos- no puede separarse de los actos perpetrados bajo su mandato.

No se puede pasar por alto el hecho de que Jarpa, en su rol de ministro del Interior, nunca impidió o condenó las flagrantes violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar bajo su responsabilidad política. Es un aspecto que merece crítica y análisis. Evaluar su desempeño y su influencia en ese oscuro capítulo no puede ser una excepción en la evaluación general de la dictadura.

El intento de reivindicar a Jarpa es parte de una estrategia más amplia de ciertos sectores de la derecha para delinear las fronteras de la responsabilidad y minimizar las atrocidades cometidas. No se puede permitir que se borren los hechos vergonzantes de la historia y que se perpetúe una narrativa parcial. La historia de la dictadura debe ser comprendida en su totalidad, con todos sus actores y responsables.

Es imperativo tener presente que la historia no puede ser remodelada según conveniencias. Aquellos que ejercieron el poder en los años de la dictadura deben ser analizados en su contexto íntegro, sin exenciones ni pretextos. Solo así conseguiremos obtener una comprensión cabal de lo acontecido y prevenir que la memoria histórica sea desfigurada por motivaciones partidistas.