La Democracia Cristiana y Eduardo Frei Ruiz-Tagle: un desencuentro
La Democracia Cristiana no enfrenta hoy una simple dificultad electoral ni una crisis pasajera de liderazgo. Enfrenta algo mucho más grave: una crisis moral y política que pone en cuestión su capacidad de seguir existiendo como proyecto colectivo. Y esa crisis tiene nombres, responsabilidades y decisiones concretas que no pueden seguir siendo eludidas bajo el pretexto de trayectorias pasadas o cargos ya ejercidos.
Entre esas responsabilidades, la del expresidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle resulta ineludible.
Desde hace años, Frei Ruiz-Tagle ha optado por una conducta política sistemática de desacato a las decisiones democráticas de su propio partido. No se trata de disensos legítimos ni de debates internos, sino de una práctica reiterada de deslealtad pública, ejercida desde una posición de poder simbólico que ha terminado por erosionar la identidad, la credibilidad y la cohesión de la Democracia Cristiana.
Cada una de sus intervenciones ha tenido efectos políticos previsibles y medibles. Cuando un expresidente habla, no emite una opinión privada: fija marcos, legitima opciones y habilita cursos de acción. Fingir que sus palabras no comprometen responsabilidad partidaria es una forma cómoda -y peligrosa- de negación política.
El punto de quiebre fue su contribución activa a la elección del candidato de ultraderecha José Antonio Kast. Ese gesto no fue ambiguo ni circunstancial. Fue una decisión política consciente, tomada contra la voluntad institucional de la Democracia Cristiana y en abierta contradicción con su tradición democrática, humanista y social. Con ese acto, Frei Ruiz-Tagle no solo desobedeció al partido: colaboró activamente en la derrota política y moral de su propio proyecto histórico.
A esta conducta se suma un patrón reiterado de intervenciones electorales contra candidaturas oficiales del partido, como ocurrió en Osorno y Huechuraba. Estas acciones no son simples "errores tácticos"; son actos de sabotaje político interno que vulneran el Estatuto y destruyen las bases mínimas de confianza y fraternidad sin las cuales ningún partido puede sobrevivir.
Más grave aún es su comportamiento como miembro de la Junta Nacional. Frei Ruiz-Tagle optó reiteradamente por ausentarse de las instancias deliberativas donde debía dar la cara, debatir y someterse a la decisión colectiva. En lugar de eso, prefirió hablar desde los medios, imponer su visión sin contrapeso y convertir al partido en un telón de fondo para una agenda personal. Esa práctica no es liderazgo: es desprecio por la vida democrática interna.
El ataque público al Tribunal Supremo constituye otro límite traspasado. Al cuestionar su legitimidad y competencia, Frei Ruiz-Tagle no solo intenta evadir su responsabilidad estatutaria, sino que socava deliberadamente uno de los pocos pilares institucionales que aún sostienen a la Democracia Cristiana. Ningún militante -ni siquiera un expresidente- puede situarse por encima de las normas comunes sin dañar gravemente la convivencia política.
La Democracia Cristiana no es propiedad de sus figuras históricas ni una franquicia al servicio de proyectos individuales. Es un patrimonio político colectivo, construido por generaciones que entendieron la política como un compromiso ético con la democracia, la justicia social y la dignidad humana. Invocar el legado de Frei Montalva, Leighton o Tomic mientras se actúa en sentido contrario no es homenaje: es una forma de usurpación moral.
Si el partido tolera esta conducta, el mensaje es brutal: que la indisciplina es aceptable cuando proviene de los poderosos; que la lealtad es opcional; que la institucionalidad rige solo para los militantes sin apellido ni tribuna. Ese mensaje no conduce a la renovación, sino a la disolución ética y política del partido.
Aquí no se juega una sanción personal. Se juega algo mucho más profundo: si la Democracia Cristiana tiene aún la voluntad de gobernarse a sí misma, de hacer respetar sus reglas y de defender su identidad frente a quienes, desde dentro, la han vaciado de contenido.
Decir esto incomoda. Duele. Pero callarlo sería peor. Porque un partido que no es capaz de exigir responsabilidad a quienes más poder tienen ha renunciado, en los hechos, a su propia dignidad.
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