La fisura antiestablishment en un sistema de atomización polarizado

Eduardo Saffirio Suárez

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La política chilena ya no puede entenderse con las categorías que ordenaron al sistema durante décadas. La situación actual trasciende una fragmentación partidaria más intensa o un ciclo pasajero de volatilidad electoral. Lo que se observa es un proceso sostenido de desinstitucionalización del sistema de partidos, que ha alterado de manera relevante la forma en que se organiza, compite y legitima el poder político. En este marco, el sistema de partidos ha adquirido las características de un Sistema de Atomización Polarizado (SAP), concebido no solo como una descripción empírica, sino también como una categoría analítica que capta la interacción simultánea entre la proliferación extrema de actores políticos, la ampliación de las distancias ideológicas entre bloques y el debilitamiento persistente de los mecanismos de intermediación política. Así, la línea de conflicto establishment versus antiestablishment deja de ocupar un lugar marginal y pasa a constituirse en el principal canal a través del cual la crisis de representación se expresa, se procesa y se reproduce en el plano electoral.

A diferencia de los clivajes clásicos descritos por Lipset y Rokkan, anclados en divisiones sociales profundas y estables, la fisura antiestablishment no se estructura en torno a posiciones socioeconómicas o ideológicas coherentes. Opera, más bien, desde una lógica que puede denominarse altimétrica, basada en una oposición binaria entre "los de arriba", percibidos como una élite política homogénea, cerrada e ineficaz, y "los de abajo", una ciudadanía desencantada que ya no se siente representada por los canales institucionales ni por los partidos tradicionales. Su potencia no proviene de una doctrina articulada, sino de una emoción transversal que atraviesa identidades diversas: la desconfianza.

En Chile, este sentimiento dejó hace tiempo de ser meramente retórico. La identificación partidaria y la confianza en los partidos se encuentran en mínimos, una tendencia que antecede al estallido social de 2019 y que se ha mantenido con posterioridad. De manera progresiva, los partidos han perdido su rol como intermediarios entre sociedad y Estado. En consecuencia, la fuerza electoral ya no se construye prioritariamente a partir de la capacidad de gobernar, articular programas o generar acuerdos estables. Ahora lo hace apelando a la autenticidad, la promesa de pureza y la exhibición de distancia simbólica respecto del "sistema". La condición antiestablishment se transforma en una credencial política especialmente valiosa, incluso cuando no va acompañada de capacidades efectivas de gobierno.

Esta línea divisoria sostiene y, al mismo tiempo, refuerza la lógica del SAP, configurando un círculo difícil de romper, en el que la desconfianza potencia la fragmentación y esta, a su vez, retroalimenta la desconfianza. La extrema dispersión partidaria -con un número efectivo de partidos parlamentarios cercano a diez, y que en 2021 superó los once- no ha derivado en un pluralismo funcional ni en una representación más eficaz. En cambio, ha generado precariedad organizativa, debilidad programática y una competencia permanente por la supervivencia legal y electoral. El hecho de que trece partidos que compitieron en 2025 enfrenten actualmente el riesgo de disolución constituye una depuración legal por exclusión, insuficiente para recomponer la confianza ciudadana.

Para el votante, este escenario se traduce en la imagen de un establishment frecuentemente caótico, ineficaz e incapaz de ofrecer soluciones coherentes y sostenidas. A ello se suma la polarización del discurso público, que contribuye a simplificar y reforzar el relato antiestablishment. La desaparición del centro político como actor relevante ha dejado un tablero dominado por polos ideológicos cada vez más distantes. Sin embargo, esta dinámica no ha producido procesos de agregación interna dentro de los bloques, como anticipaban las teorías clásicas de competencia política. Por el contrario, ha generado una fragmentación adicional, visible en la competencia intrabloque por encarnar al representante "más puro" de cada sector. La atomización da cuenta de la proliferación de actores, mientras que la centrifugación -una fuerza competitiva que empuja a la diferenciación incluso dentro de los bloques- explica su dinámica interna.

El efecto institucional de este proceso no se expresa en una parálisis decisoria, pero sí en una dinámica predecible de retardos y postergaciones en la tramitación legislativa, lo que valida empíricamente la narrativa antiestablishment. Ante amplios sectores del electorado, la política aparece así como una actividad que simplemente no funciona.

En el plano electoral, además de la alternancia pendular, esta dinámica se ha traducido en una combinación persistente de volatilidad extrema y voto de protesta. Un índice de Pedersen que supera ampliamente los promedios históricos, junto con niveles de votos nulos y blancos que bordean o superan el 20 % del total, reflejan un electorado que castiga reiteradamente sin construir lealtades duraderas ni identidades partidarias estables. El éxito recurrente de figuras que se presentan como outsiders confirma la fuerza de este patrón. Desde Henríquez Ominami en 2010 hasta Kast —quien ha oscilado estratégicamente entre la derecha tradicional y una retórica de ruptura—, pasando por Parisi, cuyo discurso se ancla explícitamente en la denuncia antiélite, la regularidad del fenómeno resulta evidente.

En este contexto, el apoyo electoral decisivo se estructura cada vez más en torno a un voto retrospectivo de castigo, activado por temas dominantes como la seguridad y la inmigración. Al no cristalizar en estructuras políticas sólidas, este tipo de voto termina reproduciendo la inestabilidad que lo origina.

De este proceso emerge un electorado que opera simultáneamente en dos ejes. Por una parte, el eje izquierda-derecha mantiene relevancia, especialmente en segundas vueltas presidenciales y en definiciones binarias de gobierno. Por otra, el eje élite–antiélite explica tanto la competencia intrabloque como el surgimiento recurrente de fuerzas disruptivas. En la derecha coexisten una vertiente que valora la gobernabilidad, la experiencia institucional y la previsibilidad, y otra abiertamente crítica del sistema político tradicional. Kast logró transitar entre ambas para maximizar su base electoral. En la izquierda, en cambio, las divisiones estratégicas y programáticas han obstaculizado una agregación coherente. El votante antiestablishment, lejos de ser ideológicamente homogéneo, puede desplazarse a lo largo de casi todo el arco ideológico. En 2025, el principal beneficiario de este desplazamiento fue Parisi y el PDG, hoy el segundo partido más votado en la Cámara de Diputados.

Las implicancias de este patrón son evidentes. El sistema tiende a producir mayorías negativas, capaces de rechazar gobiernos y élites, sin generar mayorías positivas estables que permitan gobernar con eficacia. Un presidente puede acceder al poder capitalizando el descontento ciudadano y enfrentarse luego a un Congreso fragmentado, en el que cada avance legislativo exige negociaciones puntuales, costosas y a menudo contradictorias con su propio programa, cuando este existe. Como ya se señaló, la consecuencia es una acumulación de retardos y postergaciones que amplifica la frustración ciudadana y reactiva el ciclo del desencanto.

La fisura antiestablishment en el Chile del SAP no constituye, por tanto, un episodio coyuntural ni una moda discursiva pasajera. Se trata del síntoma persistente de una crisis de representación prolongada, que ha impedido estructurar un eje ordenador más estable, incluso pese a la mantención -hoy algo más débil- del eje histórico izquierda-derecha. Aunque sin reemplazarlo, este nuevo eje se superpone a él, mermando los incentivos al acuerdo y debilitando la capacidad de agregación política.

Frente a estas circunstancias, queda abierta la interrogante sobre la capacidad del sistema para conformar identidades políticas más duraderas que permitan reordenar la competencia y mejorar la gobernabilidad, o si continuará operando como un factor de inestabilidad crónica. La respuesta depende de la disposición de los actores políticos, tanto tradicionales como emergentes, a reconstruir los vínculos de confianza perdidos y a reconstituir mecanismos de intermediación efectivos. En un contexto de atomización polarizada, esta tarea no es imposible, pero sí particularmente compleja.