La guerra de las cifras: viviendas, relatos y la verdad incómoda
Cuando el gobierno y la oposición comienzan a pelear por los números, no estamos solo ante una discusión técnica; estamos ante una disputa por el relato. Eso es exactamente lo que ocurre hoy con las cifras de viviendas entregadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Mientras el Ejecutivo celebra estar a punto de cumplir su meta de 260 mil viviendas ofrecidas en su campaña, la oposición acusa que en este tema hay un maquillaje estadístico y en medio de esa batalla, los miles de chilenos que llevan años esperando por su ansiada casa propia, observa este debate con creciente escepticismo.
El Gobierno sostiene que el Plan de Emergencia Habitacional avanza a paso firme y que ya se han entregado más de 250 mil viviendas, alcanzando cerca del 95% de la meta comprometida para 2026. El mensaje que se quiere entregar es claro, en un contexto económico adverso, con inflación en los costos de materiales y desaceleración del sector construcción, el Estado fue capaz de responder con eficacia a una de las mayores urgencias sociales del país.
El discurso oficial busca instalar una idea de cumplimiento, de gestión sólida y de promesa honrada, pero la oposición, en particular voces de nuestro partido, la Unión Demócrata Independiente, han cuestionado frontalmente esas cifras, porque estimamos que el Ministerio estaría sumando categorías distintas para inflar resultados: viviendas terminadas pero no habitadas, proyectos heredados de gobiernos anteriores o soluciones cuya ejecución comenzó antes del actual período presidencial.
Nuestro cuestionamiento es que las cifras que exhibe el Gobierno no serían falsas, pero sí políticamente convenientes y ahí está el corazón del conflicto, porque no se discute únicamente cuántas viviendas existen físicamente, sino cómo se contabilizan y a quién se le atribuyen.
El Ministerio afirma que una vivienda entregada es aquella terminada, recepcionada y formalmente asignada a una familia. Nosotros creemos que la autoría importa y que no corresponde apropiarse políticamente de proyectos iniciados bajo otras administraciones.
Esta diferencia metodológica podría resolverse si el gobierno entregara una tabla comparativa clara y pública, evitando así un debate con un cariz más áspero. El Gobierno nos acusa de minimizar avances históricos; nosotros como oposición, estimamos que el Ejecutivo peca de triunfalismo. Sin embargo, tenemos plena conciencia de que lo preocupante no es solo la discrepancia, sino el impacto que esta disputa tiene sobre la confianza pública.
No podemos olvidar que Chile arrastra un déficit habitacional que supera ampliamente las 500 mil viviendas y que, según algunas estimaciones privadas, podría acercarse a las 800 mil. Frente a esa magnitud, 260 mil soluciones representan un avance significativo, pero no definitivo; entonces presentar la cifra como una hazaña estructural nos parece desproporcionado.
En este contexto, hay además una dimensión política inevitable, porque la vivienda es un símbolo potente. Representa estabilidad, dignidad y pertenencia. Por eso cada gobierno intenta convertirla en emblema de gestión. Pero cuando la competencia por el mérito eclipsa la necesidad de transparencia, el debate pierde valor.
Si el Ministerio está convencido de la solidez de sus números, debería promover auditorías independientes y publicar con total detalle la trazabilidad de cada proyecto: fecha de inicio, financiamiento, porcentaje de avance y administración responsable. No basta con afirmar que las cifras son correctas; hay que blindarlas frente a cualquier sospecha.
Al mismo tiempo, creemos que como oposición tenemos el deber de fiscalizar con rigor y si existen inconsistencias concretas, debemos demostrarlas con datos verificables. Tenemos el convencimiento que la crítica responsable exige precisión, porque de lo contrario se transforma en una herramienta de desgaste político más que en un aporte al debate público.
Por otro lado, tenemos claridad que respecto al tema del déficit habitacional, es absolutamente necesario construir políticas de Estado que trasciendan los ciclos electorales. El déficit habitacional no comenzó en este gobierno ni terminará en el siguiente. Cada administración suma proyectos iniciados antes y deja otros en curso. Pretender que todo avance es exclusivo mérito propio o que todo logro es herencia ajena, es una simplificación interesada.
Es importante que no olvidemos que mientras tanto, miles de familias siguen esperando una solución. Para ellas, la discusión sobre porcentajes y metodologías resulta lejana frente a la urgencia cotidiana de vivir allegados, en campamentos o pagando arriendos imposibles, lo que nos obliga a no perder de vista el propósito final.
En este contexto, la vivienda no puede transformarse en un trofeo de campaña ni en arma arrojadiza. Requiere seriedad, continuidad y estándares comunes de medición. Si algo demuestra esta controversia, es que Chile necesita reglas claras para informar avances públicos en todos los ámbitos del desarrollo, con criterios homogéneos y verificables.
De lo contrario, seguiremos atrapados en una guerra de números donde todos creen tener razón y nadie logra convencer del todo. Y cuando la verdad se vuelve difusa, la desconfianza se instala en el chileno que requiere respuestas claras y soluciones concretas. En un país que ya enfrenta profundas fracturas sociales, ese es un lujo que no podemos permitirnos.
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