La política no se agota en la gestión: crónica de un relato ausente

Rodrigo Reyes Sangermani

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A propósito de la crítica que Carlos Peña formuló al discurso leído por el Presidente Kast el 11 de marzo en La Moneda -crítica que comparto-, conviene despejar desde el inicio un equívoco frecuente. El problema no radica, a mi juicio, en si habló bien o mal, en si posee o no una oratoria particularmente brillante, en si la dicción, la voz, los énfasis o los giros lingüísticos estuvieron a la altura del momento. Todo eso puede ser atendible, pero es secundario. Lo verdaderamente importante es otra cosa: el lenguaje no es un mero adorno de la política, sino la expresión de las ideas que la orientan y de la forma en que se concibe la vida pública.

Por supuesto, todo gobierno será finalmente evaluado por hechos concretos. Sus partidarios juzgarán la eficacia con que cumpla sus promesas; la ciudadanía, en general, lo hará a partir de resultados verificables en materias como economía, seguridad, empleo, salud o vivienda. Y está bien que así sea. En democracia, el poder debe rendir cuentas ante la realidad y no solo ante las palabras.

Pero sería un error creer que los discursos son irrelevantes frente a la gestión. Los discursos construyen relatos, y los relatos no son un suplemento ornamental de la política: son el reflejo de una visión del país, de una idea del orden social, de una noción acerca del sentido de gobernar. Mal que mal, el ejercicio de la política no consiste únicamente en administrar recursos, ordenar cifras o conducir técnicamente el aparato del Estado. También supone proponer una manera de entender la cosa pública, una cierta orientación moral e intelectual acerca de hacia dónde se quiere conducir a la comunidad.

Y ahí asoma el punto decisivo. Una sociedad no puede sostenerse sobre aquello que no puede discutirse. La política no puede basarse en convicciones que no admiten contraste. Un gobierno puede tener creencias, sensibilidades, tradiciones o intuiciones, pero no puede pretender que ellas basten por sí mismas para organizar la vida común. Cuando el lenguaje político deja de explicar y empieza simplemente a pedir adhesión; cuando reemplaza el examen de la realidad por fórmulas que suenan firmes, pero que en verdad no se someten a prueba; cuando se limita a sugerir que las cosas son así porque así se cree, porque así se siente o porque así lo exige una identidad política previa, entonces la política abandona el terreno de las razones y entra en el de la mera afirmación.

Ese es uno de los riesgos más serios de nuestro tiempo es convertir la convicción en sustituto del pensamiento. En ese punto, da lo mismo si la frase consagratoria es "según la fe", "según nuestros principios", "según el mandato del pueblo" o "según el sentido común", como ya he planteado en otra oportunidad. Todas pueden operar como fórmulas respetables para cerrar discusiones sin verdaderamente abrirlas. Todas pueden sonar firmes, incluso moralmente elevadas, y al mismo tiempo vacías de explicación. Todas pueden servir para sostener sin argumentar, para afirmar sin demostrar, para instalar una visión sin someterla al escrutinio que exige la vida democrática.

Por eso, el punto no es exigir discursos "bonitos", ni líderes particularmente locuaces, ni una política convertida en espectáculo verbal. De hecho, la siutiquería retórica -tan frecuente en buena parte del mundo político- puede ser tan despreciable como el ascetismo lingüístico que reduce la acción pública a mera sequedad administrativa. En un extremo está la grandilocuencia vacía; en el otro, la pobreza conceptual de quien parece creer que gobernar consiste solo en ejecutar, como si un país pudiera conducirse sin horizonte, sin lenguaje y sin ideas.

En esto, por cierto, no corresponde repartir indulgencias retrospectivas. Mucho de lo que aquí se critica puede aplicarse también al gobierno de Gabriel Boric, especialmente en sus dos primeros años. Lo he dicho antes y lo reitero ahora: el Frente Amplio incurrió demasiadas veces en el error de levantar un relato rimbombante sobre derechos sociales, transformaciones históricas y nuevas formas de hacer política, para luego distanciarse de ello en la práctica. Esa grandilocuencia discursiva, a menudo inflada y poco sustantiva, fue uno de sus peores males.

Pero que ese defecto haya existido antes no vuelve menos pertinente advertirlo hoy. Criticar la vaciedad retórica de un sector no obliga a tolerar la pobreza conceptual de otro. No se trata de defender trincheras políticas ni de repartir absoluciones por simpatía ideológica. Se trata, simplemente, de sostener un mismo criterio: la política se construye desde ideas que orientan la gestión, no desde una gestión que prescinde de ideas o desde convicciones que, por no admitir examen, terminan funcionando como dogmas.

Porque gobernar no consiste solo en hacer cosas, sino en saber por qué se hacen, con qué propósito y al servicio de qué idea de sociedad. Desde luego que un gobierno debe gestionar bien, cuidar los recursos públicos, luchar contra la corrupción, ordenar sus prioridades y ejecutar con eficacia. Todo eso es básico. Pero la pregunta decisiva sigue siendo: ¿Para qué? ¿Para crecer más? ¿Para vivir mejor? ¿Para ser más justos? ¿Para proteger a los desprotegidos? ¿Para crear riqueza? ¿Y cuánto de esa riqueza debe traducirse en bienestar compartido, en cohesión social, en dignidad efectiva para la mayoría?

Esas preguntas no pueden responderse con técnica solamente, pero tampoco con consignas, ni con frases blindadas contra toda discusión. Requieren una visión de país, sí, pero una visión capaz de argumentarse, de confrontarse con la realidad y de ser defendida en el espacio público con razones, no con reflejos de adhesión. Porque cuando una convicción se vuelve incuestionable, deja de orientar la política y empieza a sustituirla.

Ese es, en el fondo, el verdadero asunto. No la oratoria por la oratoria, ni la estética del discurso, ni la fascinación superficial por el estilo. Lo que importa es si detrás de las palabras existe una concepción del país capaz de darle sentido a la acción de gobierno, pero también de someterse a la prueba de la razón democrática. Porque administrar sin relato puede evitar el ridículo, pero no basta para conducir una nación. Y relatar sin verdad, sin coherencia, sin examen y sin destino, no es más que otra forma de frivolidad política.

La tarea pública exige ambas cosas: eficacia y sentido. Gestión, sí, pero orientada por ideas. Lenguaje, sí, pero encarnado en una misión que no se disuelva al primer contacto con la realidad y que no pretenda reemplazar la discusión por la creencia. De otro modo, la política se empobrece: o se vuelve un ejercicio de retórica vacía, o se degrada en una mera gerencia sin alma, o -peor aún- en un repertorio de certezas inmunes al pensamiento.