La reforma de Kast: el saqueo legalizado
No hay eufemismo posible: lo que el gobierno de José Antonio Kast presenta como una reforma procrecimiento es, en realidad, un programa de transferencia directa de riqueza hacia los sectores más acomodados del país. Mientras millones de familias hacen malabares para pagar dividendos amarrados a una UF desatada, el Ejecutivo decide que la prioridad nacional es aliviar la carga tributaria de las grandes empresas y por tanto, de los grandes patrimonios. No es desconexión. Es coherencia ideológica. Es una apuesta consciente por profundizar y perpetuar la desigualdad.
El argumento oficial -bajar impuestos para "ser más competitivos"- no resiste el más mínimo análisis. Es una consigna, no una política. Es cierto que la tasa corporativa promedio en la OCDE ronda el 23,6%. Sin embargo, mirar solo ese dato es tramposo. Los países de la OCDE pueden permitirse tasas corporativas más bajas porque tienen una base de impuestos personales ¡altísima! En la OCDE, la recaudación total representa en promedio el 34% del PIB. En Chile, apenas superamos el 21%. Bajar el impuesto a las empresas sin antes ampliar la base de quienes pagan impuestos personales (en Chile el 75% de las personas está exenta por sus bajos sueldos) genera un forado fiscal enorme. Reducir el impuesto corporativo en este contexto implica renunciar a cerca de US$1.800 millones. Eso no es una cifra abstracta, es financiamiento que desaparece de hospitales, pensiones y escuelas. Es capacidad estatal que se evapora. No estamos frente a eficiencia, sino frente a un desmantelamiento deliberado.
Pero donde la reforma revela con mayor crudeza su orientación es en la eliminación de las contribuciones. Aquí ya no hay ambigüedad: hay beneficiarios concretos y un diseño que ya hoy excluye deliberadamente a la mayoría. En Chile, cerca del 75% de las viviendas está exenta de este impuesto, ya sea por su bajo avalúo -inferior a aproximadamente $56 millones- o por mecanismos de rebaja focalizados en personas mayores con ingresos bajos. Es decir, el sistema ya protege a la clase media y a los sectores más vulnerables.
Por lo mismo, eliminar las contribuciones no corrige una injusticia: la profundiza. Porque la medida no está dirigida a quienes hoy enfrentan dificultades para pagar, sino a quienes concentran propiedad, suelo urbano y patrimonio de alto valor. En otras palabras, no es un alivio social, es un beneficio patrimonial. Y esos sectores tienen nombre, apellido y cifras que desbordan cualquier estándar razonable de equidad: según la revista Forbes, las fortunas de Iris Fontbona (US$52.600 millones), Julio Ponce Lerou (US$3.900 millones), Luis Enrique Yarur (US$2.500 millones), junto a los grupos Angelini, Matte y Saieh, los sitúan entre los beneficiarios potenciales de esta medida. La pregunta se hace inevitable: ¿Con esas fortunas no les alcanza para pagar sus contribuciones?
Pero incluso esa pregunta queda corta. Porque las contribuciones no solo afectan a quienes las pagan; financian el Fondo Común Municipal, uno de los mecanismos reales de redistribución de riqueza en Chile. Gracias a este instrumento, comunas con alta recaudación sostienen servicios básicos en territorios pobres. Eliminar este impuesto no solo beneficia a los más ricos, sino que desfinancia directamente a los municipios que dependen de esos recursos para operar. Se le quita a los centros de salud, a la seguridad, al alumbrado público. Se le quita a los barrios más frágiles para aliviar patrimonios millonarios. Eso no es una política pública neutra. Es un acto de despojo.
El Gobierno intenta justificar este giro bajo la idea de que no hay recursos. Pero los recursos existen. Están en los fondos soberanos, en los excedentes del cobre, en la capacidad fiscal acumulada. Lo que no existe es voluntad política de utilizarlos para proteger a la población. En su lugar, se opta por un camino más silencioso y más eficaz: que la inflación haga el ajuste. Que los salarios pierdan poder adquisitivo. Que el costo de la vida discipline a la sociedad.
Es un mecanismo conocido. Se socializan los costos mientras se privatizan los beneficios. Mientras la ciudadanía paga más por vivir, los sectores de mayores ingresos reciben alivio tributario. No es un error. Es el modelo funcionando exactamente como fue diseñado.
Esta reforma no es una política mal calibrada. Es una ofensiva de clase en toda regla. Y a diferencia de otros momentos, aquí los beneficiarios no son abstractos. Tienen nombre, patrimonio y poder. La reforma no busca crecimiento; busca consolidar una estructura donde la riqueza se protege y la carga se ubica sobre las espaldas de los y las trabajadoras. Confirma algo que en Chile muchos prefieren no nombrar: que el sistema no falla, funciona exactamente como fue diseñado. Reproduce privilegios, concentra riqueza y descarga los costos sobre quienes tienen menos capacidad de defenderse.
La retórica del "crecimiento" es apenas el velo. Detrás de ella hay una decisión mucho más cruda: quién gana y quién pierde en la sociedad chilena. Y en este caso, la respuesta es evidente. Ganan los de siempre. Pierden los de siempre. Y esta vez, como si fuera poco, se nos pide llamarlo crecimiento.